miércoles 14/4/21

A medias tintas con el lobo

Parece ser que la nueva estrategia nacional presentada la semana pasada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para ampliar la protección del lobo y eliminar su estatus cinegético al norte del Duero ha enfrentado aún más a los dos extremos más opuestos en este conflicto. Por un lado están los ecologistas más radicales, a los que el otro día en Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, llamó «grupos extremistas de ecología urbana», y por el otro las comunidades autónomas (Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria) que se aferran a sus planes de gestión, es decir, a la escopeta, para defender su idea de preservar la especie.

Para los primeros la estrategia de la ministra Teresa Ribera no sirve de nada si no se incluye a toda la población en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el famoso Liespe, a través de la aprobación de un Real Decreto, como así aconsejó desde un primero momento el Comité Científico. Solo así se podrá proteger al lobo de todas las amenazas que puedan afectar a su supervivencia, como la caza, pero también se cierra la puerta definitivamente a la realización de controles poblacionales en casos de conflictividad con el ganado, a lo que el ministerio no quiere renunciar, ya que como defendió el pasado viernes el secretario de Estado Medio Natural, Hugo Morán, «hay que buscar un equilibrio entre la conservación del lobo y la preservación de las actividades económicas de los territorios», es decir, de la ganadería.

Por su parte, las comunidades autónomas ‘loberas’ se han puesto de uñas contra la ministra, ya que en la nueva estrategia se anuncia la eliminación del estatus cinegético, algo a la que comunidades como Castilla y León no están dispuestas a aceptar, por lo que anuncian batalla al respecto. Para Quiñones, si el lobo se va a seguir matando con controles poblacionales, que lo haga un cazador, no un guarda forestal, y que el dinero que pague por ello —unos 3.000 euros por ejemplar— se lo lleven las juntas vecinales propietarias de los terrenos cinegéticos. El problema de la caza, como ya he explicado otras veces, es que no es selectiva, y que el cazador paga por matar un lobo, el primero que se cruce en su camino, que no tiene que ser necesariamente el que causa daños al ganado, con lo cual poco arreglamos.

A medias tintas con el lobo
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