El medio ambiente ya tiene delito

Ha nacido un nuevo término legal con la que por fin podemos poner magnitud, por lo menos jurídica, a todos esos delitos medioambientales que de alguna forma tienen consecuencias para toda la humanidad.

Doce juristas internacionales han impulsado una iniciativa que bajo la denominación de ecocidio buscan incorporar los atentados contra la biodiversidad al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), junto a los cuatro ya reconocidos hasta el momento: genocidio (reconocido tras la Segunda Guerra Mundial), crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

Bajo esta nueva definición el ecocidio vendría a ser «cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente».

Tanto la definición como el objetivo de incluir este delito en el Estatuto de Roma cuenta ya con el apoyo de varios países, entre ellos Francia, Bélgica o España; incluso la del propio Papa Francisco. Lo complicado, ahora, es lograr el consenso jurídico para poder contar con una norma internacional para poder penalizar este tipo de delitos que deberían ser juzgados por una especie de tribunal internacional de medio ambiente, lo que supondría unificar la legislación de todos los países implicados.

Hasta que eso llegue, ya solo el hecho de poder contar con una voluntad internacional para frenar y judicializar todas aquellas actuaciones que están propiciando el cambio climático o la destrucción irreversible de biodiversidad nos debe dar esperanza a todos para remar en el mismo sentido, el de la sostenibilidad y en el de no todo vale en el nombre de la economía mundial.

En el caso de España, tragedias como la del Prestige o Aznalcóllar hubieran sido firmes candidatas a ser considerados como ecocidios, pero a mi se me pasan por la cabeza algunas más cercanas y de las que estamos a tiempo, a lo mejor ya no para frenarlas pero sí para depurar responsabilidades. Es el caso de los escandalosos daños ambientales que las obras de la variante de Pajares ha causado irreversiblemente a los acuíferos de los pueblos de la montaña central leonesa y de las desmesurada planificación de plantas fotovoltaicas en nuestros espacios protegidos. Aviso a navegantes.