No hay justicia para las cuencas
El reparto de los fondos del Mecanismo de Transición Justa que plantea la Comisión Europea parece que no ha empezado demasiado bien para nuestro país. España está en octavo lugar en el reparto de estos fondos con los que se tratarán de paliar los efectos económicos que el fin del carbón ha ocasionado a las cuencas mineras. De los 7.500 millones previstos para este fin en todo el continente España sólo recibirá 307, frente a los 2.000 de Polonia, los 877 de Alemania o los 757 de Rumanía. Países con mucho menos peso minero como la República Checa, Bulgaria, Francia e Italia recibirán también más dinero que España. ¿El motivo? Pues que han mantenido la actividad minera hasta el reparto de las ayudas, es decir, que España ha sido penalizada, supuestamente, por hacer bien los deberes, o eso es que lo que nos han hecho creer.
Se supone que la transición ecológica consiste en transformar la economía de los países miembros para abandonar la contaminante actividad minera cuanto antes y dejar de depender de los materiales fósiles en el mix energético. España lleva al menos dos años desmantelando todo el negocio minero con el cierre de todos sus yacimientos, lo que ha supuesto un traumático proceso social para las miles de familias que en la provincia de León dependían directamente de la extracción de carbón, sin que hasta el momento se les haya dado una alternativa de futuro razonable. Estos cierres, y la presión política también han forzado el anuncio de las empresas energéticas de cerrar todas sus centrales térmicas. Han sido dos años especialmente duros para las cuencas que a pesar del esfuerzo realizado ahora ven como se les castiga de esta manera. Los partidos políticos se apresuran a echarse la culpa unos a otros de este precipitado fin de la minería. Es el momento que desde la vicepresidencia del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dé un golpe en la mesa de la Comisión Europea y exija no sólo un reparto justo, sino una compensación por ser el primer país en darse cuenta de que no hay demoras a la hora de frenar el cambio climático. El sufrimiento de las cuencas tiene un precio y no hay derecho de que esto que se ha vendido como una oportunidad sea ahora una condena.