Diario de León

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La inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección Especial (Liespe) ha levantado un intenso debate nunca jamás visto con ninguna otra especie. De hecho, en la misma reunión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad en la que se tomó esta decisión se debatió la inclusión o no de la tórtola europea, una especie en seria regresión poblacional y que sin embargo seguirá siendo cinegética ya que no logró el apoyo necesario para su protección, una triste noticia que ha pasado para la gran mayoría sin pena ni gloria.

Sin embargo, el nuevo estatus propuesto para el lobo, digo propuesto porque la decisión no es todavía vinculante, ha levantado en armas a todos los sectores que de alguna manera están condicionados a la existencia de esta especie. Y es que el enfado es mayúsculo, tanto de los que puedan estar a favor de la protección como los que se declaran en contra, ya que aquí han hablado todos menos los que tienen que hablar, los que conviven directamente con la especie, los que disfrutan de sus pros y los que padecen sus contras.

En la decisión de proteger el lobo o no han participado todas las comunidades autónomas. Puede ser discutida la rotunda negativa con la que Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria han aceptado la propuesta pero es que ellos concentran el 95% de la población del lobo en España. Lo que no se entiende es que comunidades como Valencia, Murcia o Islas Baleares decidan sobre una especie que no han visto ni de lejos, y que la llamada Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad no haya escuchado a los ganaderos, a los cazadores, a los responsables de las empresas de ecoturismo, a las juntas vecinales cuyos ingresos dependen en gran parte de los derechos cinegéticos, y sólo se haya tenido en cuenta la opinión de un comité de expertos y del sector ecologista, cuya aportación me parece muy valiosa, a la hora de decidir sobre el futuro de la especie, pero no determinante.

El lunes, las comunidades llamadas loberas tendrán a oportunidad y la responsabilidad de trasladarle a la ministra Ribera todas esas posturas que esta vez les toca defender, aunque es una pena que tengamos que andar con intermediarios.

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