Diario de León

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Las recurrentes polémicas sobre el precio de la energía, el sistema por el que se establece (incomprensible para la mayoría, como el propio recibo de la luz) y a quién beneficia en mayor medida el imparable encarecimiento de un servicio básico hunden su raíz en el hecho de que durante décadas ningún gobierno de ningún signo haya querido meter mano al mercado eléctrico. Todos han esquivado pisar el callo de las cada vez más poderosas empresas del sector. Y de aquellas dejadeces, estos sobresaltos.

La patata caliente que pasa de un ejecutivo a otro es la herencia de muchos años sumando ineficiencias. Como el déficit de tarifa, la deuda insalvable de pasadas actuaciones impagadas que pasa de generación en generación engordando.

Hace muchos años, cuando se comenzó el recorte de la hoy extinguida producción de carbón, se advertía ya de que aceptar una excesiva dependencia del gas era firmar una sentencia peligrosa. El combustible fósil que sobrevive a las políticas verdes españolas está controlado por países que convierten el control del suministro en un riesgo. También se ponía el acento una y otra vez en la necesidad de disponer de fuentes de generación gestionables, porque mientras el almacenamiento de energía sea una quimera la dependencia de las renovables es una lotería.

A mayores está el modelo marginalista por el que se gestiona el mercado eléctrico, que paga toda la energía del momento al precio más alto de oferta. Que los ‘beneficios caídos del cielo’, como llaman a las ganancias de quienes venden la energía barata al precio de la cara, son una bicoca para las eléctricas es una realidad. Más en un momento de continuos récords de precios. Por el elevado precio del gas y de los costes de emisión de CO2 sí, pero también porque alimentan esta fiebre de dejar embalses a cero sin pensar en otras necesidades, vendiendo la económica generación hidráulica a precio de gas por las nubes. La cuestión es que estos beneficios no caen del cielo, como pretende el sector, sino de los bolsillos de unos consumidores atrapados en un sistema caprichoso en el que nadie quiere soltar prenda económica.

Ahora llega la propuesta del Gobierno de crear una empresa pública para gestionar parte de la producción hidráulica. Hay que recordar operaciones anteriores en las que los gobernantes dejaron en manos de multinacionales de otros países el control de empresas generadoras locales. Un pasito palante, un pasito patrás.

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