Autoridad en entredicho
Por su inédita composición -presencia por primera vez de Vox en un gobierno autonómico- la Junta de Castilla y León está en su nueva etapa bajo la lupa política nacional. Existía expectación por ver cómo se acoplaba un partido ideológicamente de extrema derecha a los usos democráticos de una comunidad autónoma.
Pese a ser la tercera fuerza política, Vox previamente se había hecho valer en su negociación con el PP, alzándose con la presidencia de las Cortes e imponiendo algunas de sus más preciadas banderas ideológicas (Ley de Violencia Intrafamiliar y derogación la normativa sobre Memoria Historia) en el acuerdo de legislatura firmado por ambos partidos. En cuanto al reparto de poder, decidió asumir tres consejerías y una vicepresidencia netamente política sin competencias ejecutivas, aunque, eso sí, dotada de una estructura con otros tres altos cargos.
Frente a esa representación, el PP, aparte de mantener la presidencia de la Junta, se hacía con siete consejerías sumando con ellas 71 de los 98 altos cargos (3 más que en la anterior Legislatura) de la Administración Autonómica. Vox, que tampoco exigió ninguna delegación territorial, ocupaba los 27 restantes.
Con esa estructura y correlación, se confiaba en que el socio minoritario asumiera su papel y ejerciera sus competencias según lo pactado y con respeto institucional, disipando los prejuicios de quienes abogaban por el polémico «cordón sanitario». Pero lo cierto es que no está siendo así. Lejos de comportarse lealmente con el PP y con la propia comunidad autónoma, el vicepresidente García-Gallardo viene dedicándose desde su cargo a agitar el debate ideológico de manera artificial y tremendista, alimentando un frentismo y un estado de crispación indeseables para el normal funcionamiento institucional. Todo ello a la vez que se sigue propugnando la supresión del Estado de las Autonomías, «un lujo que no nos podemos permitir» (sic)
En cualquier coalición de gobierno afloran tensiones y diferencias entre los socios. Lo vemos cada día en la que gobierna España y lo vimos aquí en la Legislatura anterior, en la que mucho se habló de bicefalia. Pero lo que no tiene parangón es que un vicepresidente malverse su papel institucional utilizando su cargo público para propagar el excluyente ideario de su partido y agredir con él al adversario en sede parlamentaria.
Que el presidente Mañueco haya tenido que pedir disculpas por un «ex abrupto» que su autor, el vicepresidente, no reconoce como tal, indica un preocupante problema jerárquico. El de que García-Gallardo no reconoce la autoridad de un presidente que a su vez no se hace valer como máximo responsable del gobierno autonómico. Prefiero creer que se trata de una percepción equivocada.