Diario de León

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El giro a la izquierda que se atribuye a las últimas medidas anunciadas por Pedro Sánchez no deja de ser en realidad un clavo ardiendo al que ha decidido agarrarse el inquilino de La Moncloa para salvar la creciente grieta abierta con sus socios de gobierno e investidura, olímpicamente ignorados en decisiones tan trascendentes como el cambiazo de alianzas en el Magreb y el compromiso ante la OTAN de aumentar hasta el 2 por ciento del PIB el gasto militar.

De la mano de unos sondeos en los que el PP de Núñez Feijóo se ha disparado, la proximidad de un cambio de ciclo político ha calado en la opinión pública y Sánchez y sus socios necesitan agotar al máximo su mandato para intentar remontar su desgaste electoral. La clave del vuelco político se sustenta sobre una inflación de dos dígitos que, por más que tenga su origen en la escalada de los costes energéticos agravada por la guerra de Ucrania, el ciudadano endosa al gobierno de turno. Máxime cuando éste, como ha sido el caso, ha ido reaccionando con medidas tardías y manifiestamente insuficientes para paliar los estragos sociales de una tormenta casi perfecta. Y en cuanto al nuevo impuesto sobre los beneficios de la Banca y las eléctricas, a estas alturas se da por descontado que a la postre acabará siendo repercutido sobre los usuarios.

En Castilla y León, el gobierno compartido entre PP y Vox tampoco se está distinguiendo precisamente por actuar de forma responsable y proactiva en favor de la recuperación económica. Todo lo contrario. A instancias del partido ultraderechista, el PP ha accedido cuestionar los 18 acuerdos firmados el pasado año por el propio presidente Fernández Mañueco en el seno del Diálogo Social, congelando con ello planes de Empleo y Formación consignados en el Presupuesto vigente.

Tras el pinchazo de Vox en Andalucía, se suponía que el presidente de la Junta iba a ejercer su autoridad, instando al vicepresidente Gallardo a que depusiera su estrategia partidista y se atuviera exclusivamente al Acuerdo de Legislatura suscrito con el PP, en el que nada consta sobre el Diálogo Social. Sin embargo, Mañueco no solo no ha frenado ese boicot a la concertación con la patronal y los sindicatos, sino que, al otorgarle carácter retroactivo, ha convertido en papel mojado su propia firma como presidente.

Con esta vergonzante capitulación, de la que Santiago Abascal se ha jactado durante el debate sobre el Estado de la Nación, Vox ha reafirmado su posición de dominio en un gobierno de coalición en el que el partido mayoritario le ha cedido por completo la iniciativa política e ideológica. Algo incomprensible que no se corresponde ni con los resultados electorales ni con la firme línea seguida por Núñez Feijóo de preservar al PP del influjo tóxico de Vox.

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