Diario de León

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Tan pronto se ha ido restableciendo la normalidad política, la Junta ha vuelto a su querencia natural, que no es otra que la de practicar el victimismo frente al Gobierno socialista de la Nación. Lo que para los independentistas catalanes es el «España nos roba», para el Ejecutivo que comparten aquí PP y Ciudadanos es que el gobierno socialista-populista de Sánchez e Iglesias vuelve a discriminar a esta leal y patriótica comunidad autónoma.

Acaba de ocurrir al anunciarse el reparto de los fondos extraordinarios habilitados por el Gobierno estatal para paliar los devastadores efectos de la crisis del Covid sobre las haciendas autonómicas, que, no se olvide, soportan la gestión de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.

Y el gobierno Mañueco-Igea ya ha calculado que en el reparto del fondo sanitario ya nos han escamoteado una pila de millones, según el PP porque la malhadada ministra de Hacienda ha cambiado los criterios iniciales «para favorecer a unas comunidades autónomas y perjudicar a otras en función de sus intereses políticos y partidistas».

Lo cierto y verdad es que, aparte de atender a la incidencia objetiva de la Covid en cada territorio, el reparto tiene en cuenta las peculiaridades demográficas de cada comunidad, factor beneficioso para Castilla y León, que recibe de dicho fondo la cantidad equivalente a una población de 2.800.000 habitantes cuando ya ha bajado de los 2.400.000. Pero, lejos de reconocer este dato objetivo, el PP insiste en el mantra según el cual «estamos ante un nuevo capitulo en la serie de discriminaciones que venimos sufriendo los castellanos y leoneses».

Del mismo modo que al principio me referí a la cuestión catalana, no está de más recordar al presidente Mañueco que ese recurso sistemático al agravio y al victimismo es él que reprocha a quienes apoyan una comunidad autónoma de ámbito leonés, reivindicación que, como se viene comprobando, no se constriñe exclusivamente al leonesismo político.

Si el PSOE y Podemos pensaban que por apoyar en Castilla y León ese sobrevalorado pacto para la «reconstrución», el PP iba a renunciar a su tradicional victimismo, es que siguen de conocer el paño. A falta de una mínima gestión mínimamente presentable, la Junta necesita más que nunca aferrarse al agravio comparativo. Incluso acaba de judicializar, como si fuera achacable al gobierno Sánchez, la reclamación de los 142 millones del IVA no transferido de diciembre de 2017, herencia legada por el compañero Montoro, don Cristóbal. Criaturas...

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