Diario de León

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Sorprende la ligereza con la que se ha acogido por la Junta la idea lanzada por el presidente Sánchez de trasladar a otros territorios sedes institucionales y organismos oficiales radicados en Madrid. Desde el gobierno autonómico se ha tildado de «ocurrencia» y hasta de «cortina de humo» para desviar la atención de otros problemas. Asombra que desde el máximo exponente de la España Vaciada no se considere esa desconcentración como un interesante potencial para combatir el grave desequilibrio demográfico que aqueja al territorio patrio. Sin perjuicio de mantener las sedes inherentes a su condición de capitalidad del Estado, hay infinidad de organismos públicos susceptibles de ser trasladados. Se han puesto como ejemplos el Instituto Español de Oceanografía o el organismo Puertos del Estado.

Antes de que Sánchez pusiera esta idea sobre la mesa, provincias como León se han beneficiado albergando organismos oficiales de nueva creación. De la etapa de Zapatero datan el Incibe y la Ciuden, dos centros con mucho recorrido por delante que han contribuido a paliar el grave declive económico de esta provincia. En estos momentos está muy avanzado el proyecto de un centro estatal de datos de la Seguridad Social en Soria y en Zamora se abre paso la reconversión del antiguo campamento de Montelarreina en un acuartelamiento que generará 1.200 empleos directos y otros muchos inducidos.

De manera que el asunto no puede tomarse a humo de pajas, por más que al presidente Mañueco le incomode abrazar una idea que Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en calificar como «un nuevo ataque contra Madrid». Aunque más que esto último, sospecho que la verdadera incomodidad radica en que este proceso descentralizador abra ese mismo melón en el ámbito interno de la comunidad autónoma, tal como se han apresurado a hacer la UPL y el PSOE. Tienen razón los leonesistas al subrayar que el hecho de que tres instituciones de plantilla muy reducida, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, y el Consejo de Cuentas, estén ubicadas en otras provincias no maquilla la realidad de que todos los servicios centrales de la Junta y la sede de las Cortes radican en Valladolid. «¿Por qué no va a poder estar la sede de las Cortes o del Gobierno en diferentes provincias?», se ha preguntado por su parte el socialista Luis Tudanca en el último pleno de las Cortes.

Pues adelante con los faroles. Promuévase una reforma del Estatuto de Autonomía que revise la actual distribución territorial de las sedes de las instituciones autonómicas y que cada palo aguante su vela.

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