Dos oportunidades irrepetibles
Presentados los Presupuestos Generales del Estado, asistimos estos días al cansino y estéril debate político sobre el trato dispensado a Castilla y León en las nuevas cuentas. Se trata de un debate viciado de raíz por las posiciones apriorísticas y maniqueas de unos y de otros. Los números se retuercen a capricho y de igual modo que los partidos que sustentan al gobierno, en este caso PSOE y Podemos, defienden a capa y espada los nuevos Presupuestos, la oposición los considera una vez más insuficientes y discriminatorios. No existe gama de grises en una polarización que se repetirá, con los papeles cambiados, tan pronto como la Junta de Castilla y León presente sus cuentas para 2022.
En su trazo grueso de la distribución de las inversiones territoriales no puede decirse que Castilla y León salga perjudicada en estos PGE, ya que ve incrementado dicho capitulo en un 15,9 por ciento y es la segunda comunidad en inversión por habitante (416 euros sobre una media estatal de 274). Pero este tampoco es el dato fundamental de las nuevas cuentas en cuanto a su impacto territorial se refiere.
Los Presupuestos del Estado incorporan 24.198 millones del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea, de los que 4.200 se va a destinar a la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, un conjunto de 130 medidas para frenar y revertir la despoblación en el medio rural. Tratándose de la comunidad que encabeza la pérdida de población durante la pasada década (177.000 habitantes, se dice pronto) la Junta de Castilla y León tiene que hacerse valer en la distribución de esos 4.200 millones.
El gobierno Mañueco se ha limitado a constar el fracaso de la Agenda de la Población vigente desde 2010, pero no ha diseñado ninguna estrategia propia para afrontar el problema. A diferencia, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, que en mayo pasado aprobó por unanimidad una Ley de Medidas contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural.
Y luego están en los Presupuestos los 10.793 millones del Plan de Recuperación a gestionar directamente por las comunidades autónomas a través de los Fondos Next Generation. Sin duda, una ocasión única para modernizar el modelo productivo y adecuar nuestra economía al desarrollo sostenible que exige el cambio climático. En lugar de perder el tiempo en las disquisiciones bizantinas de todos los años, tanto la Junta como la oposición mejor harían en concentrar sus esfuerzos —no digo ya buscar un consenso— para aprovechar al máximo estas dos irrepetibles oportunidades que nos ofrece el Plan de Recuperación.