Un paso en buena dirección
Que no cuesta lo mismo la asistencia sanitaria a una población concentrada en una ciudad de un millón de habitantes que prestar esa misma atención a otro millón de ciudadanos dispersos en 2.000 núcleos de población es algo que parece de Pero Grullo. Si además el segundo millón, por estar más envejecido, requiere mayores cuidados y dispara el gasto farmacéutico, el diferencial de costes será aún más acusado. Y esto mismo puede trasladarse a los Servicios Sociales y a la Educación, necesitada de más centros y profesorado para atender al mismo número de alumnos.
El sistema de financiación autonómica, que regula el reparto de la tarta estatal destinada a las comunidades, nunca ha ponderado lo suficiente esos factores de dispersión y envejecimiento, que penalizan a la España despoblada y más rural frente a la España más poblada y urbana. Y de ahí parte el déficit estructural que las comunidades del primer grupo se ven obligadas a asumir año tras año para poder prestar esos servicios esenciales con el mismo estándar da calidad. Se trata de una infrafinanciación a corregir simplemente proporcionando a cada comunidad el coste efectivo de unas prestaciones homologadas en el conjunto del Estado.
El problema se viene arrastrando desde principios del siglo, con el consiguiente agujero en las cuentas de las comunidades perjudicadas. (Castilla y León lo viene calculando en unos 450 millones de euros anuales).
La reciente cumbre mantenida en Compostela por los presidentes de las 8 comunidades más despobladas no ha caído en saco roto. El ministerio de Hacienda, que parecía reacio a abrir el melón, ha sacado un documento-base sobre la reforma del sistema que revisa al alza los porcentajes asignados a Sanidad y Educación, a la vez que otorga mayor peso a las variables de dispersión y envejecimiento. Está por ver que ello sea suficiente para alcanzar el coste efectivo en las comunidades más despobladas y que los parámetros se mantengan en la negociación multilateral que ha de abordarse.
Pero no cabe duda de que la propuesta de Hacienda supone un paso adelante hacia una equidad ahora inexistente. En todo caso, que nadie se llame a engaño. El agujero económico de la Junta va mucho más allá del déficit acumulado por esa insuficiente dotación estatal sobre los servicios esenciales. Desde 2009 la deuda pública de la comunidad autónoma casi se ha cuadruplicado, pasando de 3.227 millones a más de 13.000. Un endeudamiento en parte producto del despilfarro y de sobrecostes artificiales como los que aparecen en los casos de corrupción actualmente judicializados.