martes 07.07.2020

Un primer año atípico

El primer año del actual gobierno de Castilla y León ha sido ciertamente atípico.Y no solo por la irrupción del Covid-19, que ha condicionado inevitablemente su gestiòn desde marzo pasado. Lo han sido también sus ocho primeros meses, de rodaje de un Ejecutivo autonómico de coalición después de 28 años (1991-2019) de gobierno monocolor del PP.

Su coalición con Ciudadanos permitió a los populares salvar la presidencia de la Junta a cambio de ceder a su socio cuatro Consejerías y una vicepresidencia, cuyo titular, Francisco Igea, ha tenido tanto protagonismo e iniciativa política, si es que no más, que el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Pese a esto último, el inicial riesgo de bicefalia se ha ido disipando, el roce ha propiciado el cariño, el gobierno autonómico funciona como una piña y si cabe hablar de relación tensa, esa es la que mantiene Igea con su propio grupo parlamentario, ahora bajo absoluto control del sector oficialista afín a Inés Arrimadas. Sin problemas de cohesión interna y con mayoria parlamentaria ajustada pero estable, el primer año del gobierno Mañueco ha discurrido con más sombras que luces antes y después de la pandemia. Se ha mantenido impasible ante problemas estructurales como la despoblación y los desequilibrios territoriales internos, y ha sido incapaz de presentar unos Presupuestos propios, gobernando a salto de mata con los últimos aprobados durante el mandato de Juan Vicente Herrera. Le sorprendió la crisis sanitaria cuando trataba de imponer sin consenso una reforma de la atención primaria que sublevó al mundo rural, y la pandemia le ha obligado a aplazar su medida-estrella, que no era otra que la supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones.

Su pobre bagaje durante los ochos meses de la anterior «normalidad» ha quedado en segundo plano tras el pacto para la «reconstrucción» suscrito por las cuatro principales fuerzas políticas, acuerdo que ha conllevado la renuncia del PSOE a promover una comisión de investigación sobre las residencias de ancianos, el gran agujero negro de la Junta en la gestión de la crisis sanitaria. A falta de esa comisión que sustancie las eventuales responsabilidades políticas, habrá de ser la Justicia la que depure las posibles responsabilidades civiles y penales derivadas de los 1.725 fallecimientos por Covid o síntomas compatibles registrados en las propias residencias. Por lo demás, este pacto de comunidad ha impulsado la figura política de Fernández Mañueco, un tanto difusa a causa del protagonismo egocéntico del vicepresidente único y portavoz de la Junta, al tiempo que ha estrechado el margen de maniobra de la oposición, especialmente del socialista Luis Tudanca, cada vez mas difuminado como alternativa de gobierno. Todo ciertamente atípico.

Un primer año atípico
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