Recelos contra los de siempre

Unos 27 activistas climáticos son investigados por «pertenencia a organización criminal» al participar en acciones de protesta «pacífica", otros ocho esperan desde hace siete años juicio por 'okupar' una sucursal bancaria, un manifestante entró a prisión por «alterar el orden público» y otra vio cómo se cerraba su recurso judicial contra la policía por recibir un disparo con un proyectil de espuma y perder un ojo. Son algunos de los casos que recopila Amnistía Internacional para demostrar que en España se vulneran varios derechos, como los de tener «medioambiente saludable", «privacidad", «libertad de expresión» o «vivienda». La ONG advierte que «se produjeron al menos 3.160 muertes relacionadas con las altas temperaturas"; y sobre la vivienda, aunque «continuaron en vigor las medidas adoptadas para suspender los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad económica» se produjeron más de 20.000 desahucios en nueve meses del año pasado, lapso del estudio, con unos alquileres que «tendían a aumentar de forma desproporcionada en comparación con el salario medio». Los derechos de las mujeres son vulnerados por la «violencia sexual y de género", en un contexto en el que hay 47 asesinatos machistas en un año, y por el voto en contra del Parlamento a una propuesta para «penalizar varios aspectos del trabajo sexual", que pone «en peligro los derechos humanos de quienes lo ejercían». El informe La situación de los derechos humanos en el mundo pone en el foco a las personas con menos recursos, en casos como la suspensión eléctrica. «Las autoridades no tomaron medidas para garantizar el derecho a una vivienda adecuada en el barrio de la Cañada Real", lo que afecta a 4.500 personas, entre ellas 1.800 niños.

Los pobres vieron resentidos sus derechos por cuestiones estructurales de presupuesto: «Ni el gobierno central ni los autonómicos protegían adecuadamente el derecho a la salud, debido a la falta de inversión suficiente. El porcentaje de sus presupuestos se había reducido desde 2020». Migrantes y refugiados sufrieron atropellos debido a las «condiciones de hacinamiento de los centros de recepción de las islas Canarias» que «menoscababan los derechos de los menores migrantes no acompañados. El gobierno planteó la reubicación obligatoria, pero la mayoría de las comunidades autónomas rechazaron la propuesta.