Diario de León

Veterinarios, perros, gatos y sus dueños toman la calle en León

No van a parar. La marea azul sigue en marcha. Los veterinarios han organizado nuevas protestas contra el Gobierno por el decreto del uso de medicamentos. El 26 de marzo habrá un paro en las clínicas veterinarias y una concentración ante la Subdelegación a la que están convocados veterinarios y los dueños de perros, gatos y hurones con sus mascotas

Los veterinarios continúan la lucha.DL

León

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Piden que vayan todos. Especialmente sus pacientes, que son los perros, gatos, hurones y otros pequeños animales. Que sus dueños los lleven a la concentración. Será, si no hay cambios, el día 26 de marzo a las 10 de la mañana. Ese día, los veterinarios preparan una cascada de medidas para presionar al Gobierno y que retire el decreto que regula el uso de medicamentos. Habrá un paro en las clínicas veterinarias —ya han hecho dos de una hora cada uno además de una concentración en Madrid frente a la sede del Ministerio que reunió a casi 7.000 veterinarios— y una concentración ante la sede de la Subdelegación en León. Pero, además, contemplan otras medidas. Desde un cierre patronal a una huelga. Y una concentración ante el Congreso de los Diputados, en una fecha aún sin determinar.

Los veterinarios dejan claro que no protestan porque exista un control sobre el uso de antibióticos, medida en la que están de acuerdo y que, recuerdan, llevan años aplicando. Y tampoco quieren que el debate se centre en el papeleo que el sistema PresVet, de uso obligatorio por orden del Ministerio de Agricultura , les obliga a hacer. Está en riesgo la vida de las mascotas, advierten.

La protesta se centra en reivindicaciones de más calado: que se respete su criterio profesional a la hora de prescribir medicamentos, sean antibióticos o no, el reconocimiento de su actividad como sanitaria y garante de la salud pública y, por lo tanto, su inclusión y dependencia del Ministerio de Sanida y no del de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la reducción del IVA que se aplica, que es del 21 %, el mismo que los artículos de lujo, a uno súper reducido como el de los medicamentos y la sanidad humana.

Los veterinarios exigen la inmediata derogación del Real Decreto 666/2023 por «incumplimiento de la legislación europea y de no ser ajustarse a las necesidades reales de la sociedad en materia de salud y bienestar animal, de salud pública y de protección del consumidor». Un decreto, dicen, «hecho a espaldas de los veterinarios y de la ciencia, que pone en riesgo la salud pública y la vida de los animales».

También piden la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, «de manera que elimine la incompatibilidad entre prescripción y venta del medicamento al facultativo veterinario, permitiendo la libre dispensación de los medicamentos veterinarios por los veterinarios en ejercicio clínico, en igualdad con el resto de los países comunitarios».

Y dos medidas más: «El retorno inmediato al tipo reducido del IVA que grava a los servicios veterinarios, con el fin de conseguir la eficacia de estas medidas para la protección de la salud pública y de aumentar la accesibilidad de la población a estos servicios de salud» y «el retorno de todas las competencias sanitarias al Ministerio de Sanidad reconociendo la actividad veterinaria como una actividad sanitaria y garante de la salud pública en todo su conjunto».

Avisan a los propietarios de las mascotas que ahora «los medicamentos sólo se pueden aplicar ya para lo que indica la ficha técnica, para lo que señala el prospecto, de manera que si un médico veterinario considera que ese mismo fármaco es adecuado para un tratamiento que no se especifica en el impreso no lo puede prescribir». No es un problema sólo de los veterinarios, afecta directamente a las mascotas. «La norma es desproporcionada, crea riesgos para la vida del paciente, sobrecarga de tareas burocráticas a las clínicas veterinarias, exige pruebas con un coste inasumible para los dueños, puede provocar retrasos en tratamientos urgentes y, sobre todo, limita nuestra capacidad de decisión clínica».

Por eso hacen un llamamiento para que los dueños de las mascotas acudan a la concentración del día 26 con sus animales.

Debate en las Cortes de Castilla y León: de los «gatitos» de Igea al «hay que escucharles» de la UPL

La polémica llegó ayer al Pleno de las Cortes de Castilla y León, que aprobaron una proposición no de ley del Grupo Popular que insta a la Junta a dirigirse al Gobierno para que aplique una moratoria en el Real Decreto 666/23 para que se consensue con el colectivo veterinario con el fin de que se respete su criterio profesional a la hora de prescribir medicamentos, como los antibióticos, así como que se evite generar más burocracia en el sistema de notificación sobre su uso, según informa Ical.La iniciativa del PP recibió el apoyo de UPL-Soria YA, Por Ávila y los dos procuradores no adscritos —Javier Teira y Ana Rosa Hernando— fue rechazada por los socialistas y el procurador Francisco Igea, mientras Vox y Pablo Fernández (Unidas Podemos) se abstuvieron. El texto, enmendado por los leonesistas, enmienda que fue aceptada, pide también abrir un periodo de consultas con los veterinarios y administraciones, derogar el régimen sancionador, reducir el IVA del 21 por ciento y reforzar la figura de la cesión de medicamentos con destino a los animales.La procuradora popular Lorena de la Fuente defendió que en España se han «hecho los deberes» y criticó que el Real Decreto del Gobierno limite la actividad del veterinario a la hora de prescribir medicamentos, retrasando y encareciendo los tratamientos, con el objetivo de reducir el consumo antibióticos y las resistencias a los mismos. También cuestionó la notificación de todas las prescripciones, lo que a su juicio «aumenta exponencialmente la burocracia», informa la Agencia Ical. Además, reclamó una reducción del IVA en este sector, cuyas movilizaciones avanzó que van a continuar.El socialista Miguel Hernández Alcojor advirtió de que la resistencia a los antibióticos provoca miles de muertes y defendió el sistema de monitorización y vigilancia de las prescripciones, ya que apuntó no limita la autonomía «técnica y científica» de los veterinarios y funciona de forma correcta. A su juicio, no es entendible la oposición de los profesionales que tratan a las mascotas.El procurador de Vox José Antonio Palomo rechazó la moratoria que proponía el PP y pidió derogar esta normativa «absurda», «injusta» y «sin alma» que advirtió provocará que miles de mascotas mueran sin tratamiento. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo y pidió a los procuradores que voten con el «corazón», más allá de sus siglas políticas.El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, aseguró que la aplicación del Real Decreto ha generado un «problema» y pidió escuchar a los profesionales, porque a su juicio limita la actividad y capacidad de decisión del veterinario, en lo que consideró una invasión de sus competencias. Además, rechazó la «carga burocrática desproporcionada».Finalmente, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea rechazó la rebaja del IVA veterinario por ser un «disparate de grandes dimensiones» y advirtió del problema de salud pública que representa la resistencia a los antibióticos. «Es una auténtica necedad», dijo afrontar esta cuestión intentando complacer a un colectivo. «Es lo más woke que he visto, esto sí que es woke, los gatitos antes que la salud pública. No les pensaba yo ver a ustedes en lo más woke de lo woke del mundo», zanjó Igea.
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