El último aliento del lavadero de Casares y el desierto legal de la herencia del carbón

Cuando la Junta de Castilla y León encargó la realización del Inventario del Patrimonio Histórico Industrial, en 2010, el Grupo Casares (Tremor de Arriba, Igüeña) seguía activo. De hecho, en septiembre de ese mismo año, catorce mineros se encerraron en el pozo para reclamar el pago de las nóminas pendientes. Cerró siete años más tarde, dejando abandonadas y desprotegidas unas instalaciones entre las que se encuentra el lavadero de carbón de ladrillo visto que ha sido el elemento insigne de una explotación minera ahora en proceso de restauración ambiental. Un proyecto de recuperación de la escombrera que contempla el derribo de este viejo esqueleto industrial para el que ya se ha pedido su inclusión en la Lista Roja. Tal vez tarde, porque las obras avanzan de manera imparable.

Sin protección de ningún tipo y habiendo sido catalogado como edificio en ruina en la documentación del catastro, el destino del lavadero del Pozo Casares —construido a principios de la década de los 60— está firmado. La pena capital es su condena pese a su importancia técnica e histórica y a que reúne las condiciones del patrimonio industrial. Quedó fuera del inventario de la Junta Castilla y León porque de la mina seguía saliendo carbón y tampoco fue incluido en el inventario de bienes mineros turísticos realizado por UGT (2018). Sí figura, por ejemplo, en los planes de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local de la Uned como uno de los hitos del patrimonio heredado del carbón en torno a los que se ha configurado un proyecto de Senda Minera. De hecho, desde la Cátedra también se está estudiando alguna acción para tratar de garantizar in extremis su conservación y, sobre todo, promover una actualización del Inventario del Patrimonio Histórico Industrial elaborado en 2010.

La sentencia del lavadero del Pozo Casares reabre el debate sobre la obsolescencia de la legislación vigente en materia de protección del patrimonio cultural vinculado a la minería. Hace trece años, ni la sensibilidad con el patrimonio industrial era la misma que ahora ni los criterios empleados en la elaboración de los censos respondían a la misma realidad; más cuando, como explica el arquitecto e investigador Jorge Magaz Molina, «el patrimonio industrial es un recurso cultural que no atiende a factores artísticos o monumentales, aunque se den casos en los que también sí; sino a cuestiones técnicas y, sobre todo, sociales y emocionales ligadas a las comunidades locales».

Apenas hay figuras de protección ni proyectos de puesta en valor del patrimonio industrial minero en la provincia de León, más allá de Sabero y Fabero, ni una política verdaderamente activa para la identificación de los elementos de peso. Así quedó demostrado también con el lavadero de La Recuelga (Santa Cruz del Sil), que pese a estar inventariado no goza de ninguna protección y solo la presión social surgida tras la amenaza de un parque solar ha motivado la apertura de un expediente para estudiar su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

«Los censos de patrimonio de 2009 de la Junta Castilla y León y de la Fundación Ciudad de la Energía tuvieron un alcance limitado y el contenido no se traspuso ni al planeamiento municipal ni a figuras de protección autonómica. Tampoco hay un desarrollo del Plan Pahis de las cuencas mineras», apuntó Magaz Molina. El Plan Pahis 2020 es un documento que señala los bienes patrimoniales de cada territorio como recursos para el desarrollo económico, principalmente como elementos turísticos, y que busca una mayor implicación de la iniciativa privada en la restauración del patrimonio cultural de Castilla y León.

Ese vacío es especialmente acuciante en el Bierzo Alto, donde se ubican el Pozo Casares y el poblado minero de Vendillones (Tremor de Arriba), que igualmente será demolido en el marco del plan de restauración de espacios mineros aprobado por la Dirección General de Minas en el año 2022. Este conjunto de viviendas construidas para los mineros que trabajaban en la zona se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado, ruinoso. De hecho, esta condición llevó al Ayuntamiento de Igüeña a ordenar su desalojo en 2013, recuerda el investigador y arquitecto ya referido en estas líneas, autor de varias publicaciones sobre el legado minero-industrial del Bierzo y Laciana.

Situado a medio kilómetro al norte de Tremor de Arriba, Vendillones fue uno de los tres asentamientos mineros construidos por el Instituto Nacional de la Vivienda en el valle del río Tremor en los años 50. Está formado por dos hileras de bloques de viviendas de cuatro alturas y sigue el mismo esquema de los grupos de vivienda obrera ‘Los Cuarteles’ de Tremor de Arriba —adquiridos y puestos en valor por Igüeña para asentar población en el municipio— y ‘El Espíritu Santo’ de Pobladura de las Regueras, que ya fue derribado; así como el barrio de la MSP de Flores del Sil (Ponferrada) y varios en la vecina Asturias.

Siete alturas y un teleférico

El edificio del lavadero de carbón del Pozo Casares, de siete alturas, es la instalación más representativa de un conjunto del que también formaban parte los cargaderos y varias instalaciones anexas ya desmanteladas. Además, contó también con un teleférico que comunicaba con la estación de ferrocarril de Brañuelas, situada a diez kilómetros. De este todavía se conservan algunas torretas de la línea de baldes.

La documentación incluida en la solicitud que está valorando el comité científico de Hispania Nostra para determinar o no su inclusión en la famosa Lista Roja del patrimonio en peligro hace especial hincapié en el valor de este lavadero de carbón como un elemento reconocible y característico de la minería del Bierzo Alto.

«Reúne valores técnicos, arquitectónicos, históricos y sociales. Se trata del único testimonio que se conserva de esta solución técnico-constructiva característica de este período, pues no hay constancia de otros en otros puntos de la geografía española. Inmuebles similares ya han sido derribados, como la ampliación del lavadero de MSP en Ponferrada, y no se pueden plantear similitudes con los lavaderos de Barruelo o Castrejón (Palencia) o con los de los pozos Alicia y Julia de Fabero, que responden a proyectos de estructura metálica de los años 80», recoge el informe remitido a Hispania Nostra en el apartado que expone las razones por las que el lavadero del Grupo Casares debería entrar en la Lista Roja.

Son muchos los elementos del patrimonio industrial minero condenados al mismo destino que el del lavadero del Pozo Casares del Bierzo Alto ante la falta de un plan bien definido. Un hecho que tampoco ha pasado por alto el Procurador del Común, que ha instado a la Junta de Castilla y León a «impulsar con el mayor esfuerzo posible las medidas que permitan preservar y poner en valor ese patrimonio industrial, agilizando los procedimientos de declaraciones de Bienes de Interés Cultural o de bienes inventariados que estén pendientes e iniciando los procedimientos para aquellos bienes que por su singularidad así lo merezcan; elaborando una completa documentación de este legado y buscando el desarrollo de las zonas en las que se ubican los elementos que constituyen dicho patrimonio».