La reforma territorial de Urkullu agita al PP y le enfrenta a ERC
El lehendakari hizo ayer de nuevo bandera de su iniciativa sobre la reforma territorial en la apertura del curso político en Euskadi y la víspera en un artículo en ‘El País’. Dos movimientos que han agitado el patio de la siempre espinosa y pendiente revisión del modelo territorial que rige el país desde hace cuatro décadas en un contexto definido por la incertidumbre sobre la investidura tras las elecciones del 23 de julio y por las eventuales cesiones que esté dispuesto a asumir Pedro Sánchez para ganarse el espaldarazo del conjunto de las fuerzas soberanistas a las que necesita para proseguir en la Moncloa.
Con el PNV atravesando una paradójica tesitura —es clave para las aspiraciones tanto de Sánchez como de Feijóo, pero ha perdido fuelle electoral frente a una Bildu al acecho de su poder—, Urkullu interpretó en su intervención del martes la dependencia del líder socialista como «una ocasión» para avanzar en un reajuste del Estado de las Autonomías que blinde las competencias propias, reconozca que España es una nación de naciones y consagre la bilateralidad de las relaciones con Madrid. El lehendakari defiende sus tesis, de las que disienten hasta la fecha los socialistas vascos, para Euskadi, pero haciéndolas extensivas a Navarra y las comunidades «históricas» —Cataluña, Galicia y Andalucía— con la promoción de la mencionada «convención constitucional» en dos fases: un «acuerdo preliminar» que asiente la premisa de la plurinacionalidad del Estado y el «derecho a decidir pactado» (el eufemismo de la autodeterminación) y, al cabo de un año, la celebración propiamente dicha del foro para explorar tanto las potencialidades de la Disposición Adicional Primera de la Carta Magna —la que constitucionaliza la singularidad foral de Euskadi y Navarra— como las del autogobierno de catalanes, gallegos y andaluces. El presidente vasco cree que su propuesta de «interpretación constitucional» no requiere una reforma de la ley de leyes hoy inviable dado el cisma entre el PSOE y el PP.
El Gobierno valoró sin compartir el plan del lehendakari, al que la Generalitat catalana opone su exigencia de amnistía y referéndum. La consejera de Presidencia del Govern en solitario de ERC, Laura Vilagrà, lo dejó claro en cuatro palabras: «Nuestro marco es otro», zanjó, antes de insistir en que las exigencias de los suyos siguen donde están -en la amnistía y en el referéndum de independencia- dando a entender que la ‘vía Urkullu’ se le queda corta al secesionismo catalán.
Génova avisó a Urkullu y no dudó en salir al paso de esa propuesta para impulsar una «convención constitucional» que reajuste el modelo territorial mediante un pacto que quepa en la Carta Magna sin reformarla para advertir que —aunque sostienen «entender» la propuesta del líder vasco— hay «límites» que en el PP «nunca van a superar».