Investigan si el Gobierno filtró a la banda ETA datos de sus víctimas

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) investiga desde hace casi dos meses si el Ministerio del Interior filtró al entorno de los presos de ETA datos confidenciales sobre los movimientos procesales de las víctimas del terrorismo para intentar frenar los beneficios y acercamientos de reclusos de la banda. El origen de estas pesquisas, según la documentación a la que ha accedido este periódico, es una denuncia —ya admitida a trámite— presentada el pasado 7 de diciembre por el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, hijo de Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado a tiros por ETA en Granada en octubre de 2000. En el texto remitido a la AEPD se denuncia la «filtración de datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias» a Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia vasco y actual «representante de Sare», el colectivo que trabaja en defensa de los presos de ETA.

Azkarraga —según ya han constatado los informes de la Guardia Civil en el sumario sobre los ‘ongi etorris’ (recibimientos a etarras excarcelados) de la Audiencia Nacional— mantuvo, al menos desde 2018 hasta 2021, contactos personales y regulares con el máximo responsable de prisiones, Ángel Luis Ortiz, quien le anticipaba los movimientos penitenciarios o le pedía listados sobre posibles beneficios a presos.

Según la demanda, Azkarraga en junio de 2021 «dio traslado» a «los responsables de ETA que controlaban la comisión de presos Sortu-ETA» de «información» sobre los movimientos procesales del propio Portero ante el Ministerio del Interior (vía contenciosa) para evitar el acercamiento de los dos pistoleros que asesinaron a su padre. Daniel Portero, según recoge la denuncia y ha confirmado este periódico por diversas fuentes penitenciarias, se había reunido medio año antes de la supuesta filtración, el 9 de diciembre de 2020, con Ángel Luis Ortiz y parte de su equipo para mostrarle su malestar por los posibles beneficios o acercamientos a los dos asesinos de su padre —Igor Solana Matarranz y Harriet Iragi— a pesar de no haber colaborado jamás con la justicia. Posteriormente, y a través de diversos burofax (11 de enero, y 5 y 17 de mayo de 2021)

Portero mantuvo diferentes contactos con Interior para reclamar, haciendo uso de la Ley del Estatuto de la Víctima, diversa documentación de prisiones sobre los dos presos que le era imprescindible para poder presentar, como hizo días después, un procedimiento contencioso administrativo contra las resoluciones de traslado y progresión de grado de los asesinos de su padre.

El 16 de junio de 2021 diferentes medios de comunicación publicaron que la justicia había admitido a trámite el recurso contra los acercamientos. Y fue justamente en ese momento cuando tuvo lugar el supuesto chivatazo del Gobierno al entorno de los reclusos terroristas.

Esa filtración aparece, según recoge la demanda, en el anexo 4-1 de un informe que en febrero de 2023 la Unidad Central de Inteligencia UCE-1 de la Guardia Civil remitió al Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el sumario de los ‘ongi etorris’. Ese anexo incluye la textualidad de un mensaje de audio vía whatsapp de fecha 19 de junio de 2021 que el abogado de ETA Txema Matanzas ‘rebota’ a uno de los investigados en esa causa, Carlos Saez de Eguilaz, ya condenado por pertenecer a ETA como responsable en su día de su aparato de extorsión. La voz del mensaje de audio corresponde en realidad a Azkarraga. En ese mensaje, Azkarraga, que por entonces mantenía un contacto muy regular con Ortiz le revela a Matanzas que «me ha llamado éste ahora» y que esa persona le «ha hablado sobre un recurso de Portero como víctima». Según la transcripción de la Guardia Civil, esa persona, supuestamente del Ministerio del Interior, le «ha estado explicando que en su día (Portero y su equipo) pidieron información (a Instituciones Penitenciarias) de la progresión de grado y traslado».