Diario de León

Acuíferos

Cómo destruir una cordillera: manual de uso

Una imagen de la fuente de Turrón cuando aún manaba agua con la que se abastecía Casares de Arbás ilustra en un libro de Adif la destrucción de los acuíferos. Decían: «Se secó en poco más de una semana cuando la tuneladora del Lote 2 cortó el acuífero SA 11 a una distancia de 0,8 Km». ¿Y ahora?

León

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Yo ya no sé quién es el culpable ni por qué; además, he dejado de preguntármelo... A estas alturas... Lo que sufro cada día son las consecuencias. Advertimos mil veces y nadie nos hizo caso.

Supongo que porque los de pueblo nunca tenemos razón». Arsenio Rodríguez, presidente de los ganaderos de la Montaña de León, recuerda que cuando se puso en marcha el proyecto para la autopista de León a Campomanes ya se descartó hacerlo a través del camino que atraviesa la actual Variante de Pajares porque un informe advertía que podía venirse abajo debido a los acuíferos.

Pero la profecía de Casandra resultó inútil para evitar la calamidad medioambiental que irremediablemente causaría la obra. Los acuíferos se sajaron y el agua dejó de manar hacia las fuentes de la montaña leonesa.

«La Junta debería haber defendido los montes de utilidad pública y los espacios naturales de los pueblos»

Según un estudio realizado por el ayuntamiento de Villamanín, las prisas por acabar la obra y no revertir la situación han secado una treintena de fuentes de las localidades de Ventosilla, Rodiezmo, San Martín, Poladura, La Peral, El Campo, Valdelalaguna, Viadangos, Casares y Cubillas.

Hoy, después de múltiples denuncias — la última ante la Unión Europea, institución que financió el proyecto— la soberbia de cuantos permitieron que las tuneladoras reventaran la cordillera cantábrica provoca la pérdida de 319 litros de agua por segundo, 10.060 millones de litros al año, cantidad suficiente como para suplir las necesidades hídricas de una ciudad de 200.000 habitantes.

Toda esa riqueza que se desagua hacia Asturias —en un trasvase ilegal que los ayuntamientos de Mieres y Lena han pedido incorporar a sus canales de abastecimiento— ha ocasionado una catástrofe medioambiental de dimensiones colosales, con unos efectos que aún no se han revelado en su totalidad.

La capacida para solucionar el problema está, entre otros, en manos de Hugo Morán, asturiano y secretario de Estado de Medio Ambiente.

Adif lo supo desde el principio

El propio Adif lo reconocía en el año 2009. Un libro de más de 600 páginas recoge las consecuencias de la entrada de los bulldozers en el vientre de la montaña, extremo que demuestra que la desertización de la cuenca del Bernesga se realizó a sabiendas de los efectos que tendría sobre el territorio.

El estudio, que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ofreció como regalo de empresa por Navidad, constataba por ejemplo que la disminución de los flujos del agua podía secar los puntos de descarga naturales, como manantiales y surgencias. Asimismo, y gracias a los sondeos, descubrieron «la inversión del flujo entre los acuíferos y la red fluvial» y explicaban que los cauces «podrían variar y convertir el Bernesga en un río perdedor».

El ingeniero Javier Fernández, director de la consultora Betula, corrobora que Adif era conocedora del peligroso impacto que los trabajos tenían sobre la cuenca desde 2009. Once, casi doce años después, la solución que quieren que la provincia asuma es que el agua se ha perdido.

«No se tomaron las medidas correctoras porque ralentizaban la construcción; por eso metieron de todo para consolidar, hasta el punto de que los vecinos abrían el grifo y salían bolas de poliespán», explica. Añade, por si alguien piensa que es una exageración, que Adif se gastó 236 millones de euros para impermeabilizar los túneles. «Le pusieron una doble camisa», añade mientras expone los datos que corroboran que la Confederación Hidrográfica del Duero ha ignorado la catástrofe de manera perseverante durante años.

Quince años de trabajos, 3.000 millones de euros y la sequía económica para una zona a la que se ha expoliado mucho más que el agua. Porque además de un delito medio ambiental —la pérdida de fuentes y acuíferos compromete el desarrollo de la biodiversidad— la construcción de los túneles ha servido para mostrar «el desprecio de las administraciones hacia los habitantes de todas las localidades del valle». Las tuneladores penetraron como titanes acuchillando las capas freáticas y secando manantiales, humedales y arroyos de riego. «La calidad hídrica ha desaparecido», dicen los vecinos.

Carlos González-Antón, abogado de la Federación de Entidades Locales Menores de León y la asociación Lacerta, denuncia que este atentado medioambiental se perpetró para para abreviar los plazos. «Fíjese, el embalse de Casares de Arbás se realizó para regular el caudal ecológico. Pues bien, la pérdida anual de agua por los túneles se llevaría un 27% de su capacidad hídrica», lamenta.

El también catedrático EU de Derecho administrativo de la Universidad advierte que la pérdida hidrológica para la montaña hay que gestionarla con la previsión de las consecuencias que tendrá el cambio climático. «Todo se ha hecho a espaldas de la verdad. En la declaración de impacto ambiental de 2002 no se fijaron medidas correctoras ni compensatorias porque se afirmó que no habría daños. Pero es que incluso el Ministerio ha reconocido que no se le enviaron los informes semestrales de los programas de vigilancia ambiental exigidos por la autorización», denuncia.

En octubre de 2017, la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, después de los recursos de la Federación de Concejos y Lacerta, acuerda la puesta en marcha de un procedimiento de modificación de la Declaración de Impacto Ambiental puesto que Adif reconoce que carece del documento exigido por Europa. «Si Adif lo presenta y no nos deja tiempo para introducir enmiendas, puede que todo esté perdido. Estamos en el momento clave», lamenta González-Antón, que, como representante de la Federación de Entidades Locales Menores de León, reivindica a las administraciones autonómica y provincial que encarguen un proyecto con medidas correctoras para una comarca que es Reserva de la Biosfera y pertenece a la Red Natura 2000, de la Unión Europea.

El abogado, especialista en Derecho ambiental, apunta la más que probable consecuencia. «Si no se afrontan estas inversiones ahora, cuando dentro de ocho años Villamanín no tenga agua, no podremos reclamar a nadie».

La despoblación en esta zona de la provincia es una de las más escandalosas de España. De hecho, los 19 pueblos de Villamanín tienen una densidad de 5,4 habitantes por kilómetro cuadrados. Sin embargo, y a pesar de los grandes discursos sobre despoblación, no se ha hecho nada para atajar la pérdida social y económica que este desastre ecológico ha supuesto para los habitantes. Uno de los ejemplos más gráficos es Paradilla —con sólo dos habitantes durante el invierno— cuya situación le confiere una potencia turística innegable. Sin embargo, si abres el grifo, no hay agua... «Vino un empresario para poner casas rurales, pero nadie pudo garantizarle el agua, con lo que abandonó el proyecto», dice José Manuel González, pedáneo de la localidad. Y es que entre octubre y enero no hay agua en Rodiezmo «y eso si no viene un año seco». «Han gastado tres millones de euros en mediciones que no han servido para nada. La Junta vecinal pagó un proyecto para colocar bombas y subir el agua hasta el depósito y La Pola de Gordón construyó un depósito de 50.000 litros por el que nos obligaron a renunciar a los derechos del agua, que ahora detentan el Ayuntamiento y la Diputación», lamenta.

«Dinero para callarnos»

José Manuel revela que uno de los problemas de los que hay que tomar conciencia es de los intereses creados que han surgido en los últimos años. El Ayuntamiento de Pola, por ejemplo, quiere que Adif le ceda las estaciones antiguas para hacer un albergue, y en Cabornera de Gordón, Adif pagó 20.000 euros a la Junta Vecinal a cambio de que le quitara la denuncia que había presentado. «A poco que nos den, nos compran», denuncia.

Lo mismo ocurre en Rodiezmo, el pueblo más afectado, donde «de tapadillo» metieron una tubería desde Millaró, "y en lugar de hacerlo desde el manantial, lo hicieron bastante más abajo, con lo que cuando andaban las vacas por allí, el agua en las casas salía muy sucia".  «Tenemos derecho a pedir la reversión del agua a esta cuenca, defiende González-Antón, que considera que en esta ocasión no puede ganar la tradicional abulia leonesa. «Deberían estar todos los ayuntamientos y todas las juntas vecinales en pie de guerra y contra todas las administraciones».

—¿Contra cuáles?

—Contra todas. La Junta, la Diputación, el Ministerio y, por supuesto, la Confederación Hidrográfica del Duero y los agentes sociales, que ni se mueven ni se han movido nunca, ni siquiera cuando llegaron a salir 500 hectómetros cúbicos por segundo, subraya González-Antón.

Felicidad Romero, concejala de Villamanín, desvela que la corporación mantuvo una reunión de trabajo con los enviados de Adif para presentarles la propuesta del Ayuntamiento y hablarles del estudio de daños que habían realizado los técnicos municipales sobre el expolio hídrico. «Lo único que hicieron fue gastar un millón de euros pata callarnos y con ello restauraron varias traídas de agua de los pueblos damnificados, como Rodiezmo, Ventosilla o Casares», dice e insiste en que "nunca se habló de ningún tipo de indemnización, aunque desde el Ayuntamiento se insistió en varias ocasiones".

La también presidenta de Lacerta subraya que mantuvieron una entrevista con el presidente de Adif el 13 de febrero de 2018 que este trató de zanjar con la excusa de que el gobierno había restituido la traída de los pueblos que la habían perdido  y que «poco más iban a poder hacer». «Ahora, con el nuevo Gobierno del PSOE se ha insistido a los diputados de León, pero seguimos sin conocer los resultados del estudio y menos aún de las posibles soluciones a un problema de esta envergadura», explica con desaliento.

Carlos González-Antón califica el sumidero de agua en que se ha convertido la Variante de Pajares en «una amenaza real para la economía». «Y no sólo para la montaña. ¿Cómo le das abastecimiento a una ciudad como León cuando vengan varios años de sequía seguidos? ¿Recordamos cómo estuvo el pantano de Luna hace dos años?», advierte.

El catedrático reivindica que, además de devolver el agua, deben hacerse las obras necesarias para que todos los pueblos que la perdieron la recuperen de nuevo. «Hay que bombear agua a la cuenca que muere en Oporto para mantener el caudal ecológico del Bernesga, pero también un proyecto integral con reservorios en superficie para manantiales, los pastos de montaña, los prados de siega y, por supuesto, el abastecimiento de todos los pueblos. De lo contrario, sólo nos queda la vía judicial».

El experto recuerda la obligación de protección que la Consejería de Medio Ambiente debe ejercer: «La Junta y, al frente, sus consejeros deberían haber defendido con intensidad los montes de utilidad pública de los pueblos, pues es su competencia, como también lo es la defensa de los espacios naturales, severamente afectados por las obras. La Junta de Castilla y León debería haber exigido el proyecto de medidas correctoras hace años. Están a tiempo, pero hace falta voluntad política de enfrentarse al Gobierno de España. Como contraste, vemos que los ayuntamientos asturianos ya han hecho sus deberes y elaborado su proyecto», subraya.

Fuera del progreso

José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba en la inauguración de las obras de la Variante que el proyecto era mérito del esfuerzo de todos los ciudadanos. Hoy, quince años y 3.000 millones después, los que aún creen en la salvación de la Montaña Central sienten que les han robado el futuro.

«Hemos cedido nuestro territorio y ahora nos quedamos al margen del desarrollo», dice Violeta González, concejala de La Pola de Gordón, uno de los municipios más castigados por Adif. Y es que, además del agua, los pueblos de la montaña de León afectados por la construcción de los túneles perderán la riqueza que su posición geográfica les había concedido hasta ahora.

Arsenio Rodríguez avisa a las administraciones de que la fauna tiene que beber, de que las praderas tienen que recibir agua para que el ganado tenga pastos. «Hace años se hizo una concentración parcelaria, cuyos títulos de propiedad aún no han entregado. Prometieron fincas de regadío y ahora son de secano de segunda», denuncia.

Y es que este ganadero, uno de los emprendedores que se quedan y trabajan por la entelequia que llaman la España despoblada, pone un ejemplo que explica lo que ha ocurrido en los últimos quince años en la montaña de León: «Casares se quedó sin agua y lo que hicieron fue desviar tres fuentes que, lógicamente, se secaron para el campo».

Denuncia que, si finalmente Asturias consigue canalizar el agua de León, se demostrará lo que a todos les importa el medio ambiente. «Van a vender un agua que no es suya», lamenta al tiempo que deja claro que «si hay una guerra, será por el agua».

Destaca que se hizo un pantano en Casares de Arbás para mantener el caudal del Bernesga para el verano: «Nos cargamos las praderas con ese objetivo y ahora acaban con todo». Arsenio Rodríguez termina la conversación con una advertencia: «La fuerza del agua es mayor que la dureza mental de algunos. Cuando las cosas se hacen por cojones, salen mal, y a la naturaleza es difícil pararla».

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