Diputación y Junta se enfrentan por quién debe construir los parques de bomberos

La Diputación pretende que sea la Junta quien pilote el servicio de extinción de incendios en los cascos urbanos de las poblaciones del área rural a través de una red de parques de bomberos. Una prestación que, sin embargo, la institución autonómica precisa que corresponde al organismo provincial en los municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, en el caso de León todos menos la capital, Ponferrada y San Andrés.

Una confrontación iniciada ayer tras la rueda de prensa ofrecida por el equipo de gobierno en la Diputación para reclamar a la Junta que desarrolle el reglamento de la Ley de Protección Ciudadana que debe determinar la definición de las denominadas zonas de actuación inmediata, las áreas de emergencia y los recursos humanos y materiales que precisa toda esta infraestructura.

Además, el desarrollo del reglamento, según explicó ayer el portavoz del PP, Jaime González, ha de contemplar la creación de un consorcio regional como paso previo al diseño de uno provincial para León para la prevención, extinción de incendios y salvamento.

Un marco legal que la institución provincial aguarda antes de dar más pasos. En la rueda de prensa, Jaime González avanzó que remitirán hoy a la Consejería de Fomento, que tiene las competencias de protección civil, una carta para solicitar la promulgación del reglamento, la puesta en marcha del consorcio regional y la definición de los acuerdos con los ayuntamientos para la prestación y financiación de estos servicios.

Ante esta exigencia, el director general de la Agencia de Protección Civil, Fernando Salguero, comentó ayer a este periódico que la «ley es meridianamente clara», explicando que la competencia en la extinción de incendios corresponde a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y que en caso contrario debe de ser la Diputación quien preste este servicio a los pequeños municipios.

«Trabajamos en el desarrollo del reglamento y la zonificación está a punto de llegar a los trámites parlamentarios, pero eso nada tiene que ver con la prestación de un servicio provincial que tiene que hacer la Diputación», recalcó.

Salguero incidió en que «el reglamento es un proceso costoso y duradero en el tiempo y hay que ponerse de acuerdo y negociar con varios colectivos». No obstante, reiteró el «espíritu de colaboración entre instituciones» y el ofrecimiento de la Junta para la formación y coordinación de voluntarios en la extinción de incendios. «Un asesoramiento completo». «Esto nada tiene que ver con lo que ya he comentado y cada institución tiene que asumir su responsabilidad».

Nada más conocer estas declaraciones, el equipo de gobierno de la Diputación remitió un comunicado para anunciar que solicitan una «reunión inmediata» con el consejero de Fomento, Antonio Silván, para que ponga en marcha el consorcio provincial de prevención, extinción de incendios y salvamentos que «conlleve una financiación del 33% de cada una de las administraciones: Junta, Diputación y ayuntamientos».

González recordó por la mañana que la Ley de Bases de Régimen Local, tanto nacional como autonómica, establece que las competencias en materia de protección civil (prevención y extinción de fuegos) son municipales.

«La Diputación trabaja en colaboración con los municipios en protección civil». En este sentido, enfatizó que tiene cedidos 31 vehículos para afrontar estas tareas a ayuntamientos y mancomunidades. Y que mantiene sendos convenios con León y Ponferrada para que sus bomberos acudan a incendios en la zona rural. Al primero le paga 195.000 euros al año y al segundo 85.000. Cuenta, además, con una convocatoria anual de 125.000 euros destinada a municipios.