«Nos cuestionan la patria potestad como si la tuviera la administración»
Alejandra Lobato, una niña gallega con diversidad funcional, es la esperanza de muchos niños como Rubén. Fue apartada del centro escolar ordinario y enviada a un centro especial. Su familia se negó y recurrió a los tribunales. Una sentencia les dio la razón a los cinco meses. Alejandra está escolarizada en un instituto de Pontevedra.
El caso de Alejandra animó a Mar Álvarez, de Cistierna, a sumarse a la asociación que estaba en gestación, Solcom, y de la que ahora es representante en Castilla y León y vocal de su junta directiva estatal. Es madre de niño de once años con diversidad funcional. Está escolarizado en un centro ordinario de Cistierna, pero tuvo que dar la batalla. El equipo de orientación educativa hizo dos dictámenes sobre su hijo. El primero le segregaba a un centro especial, con su separación de la familia, y el segundo le permitió una educación inclusiva en su centro escolar ordinario.No tuvo que acudir a los tribunales, pero cada dos años «nos hacen pasar por el informe».
Solcom ha pedido al Procurador del Común que investigue las imposiciones de Educación para derivar a niños con diversidad funcional a centros especiales. También ha presentado alegaciones al proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades de la Junta porque «vulnera el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (diversidad funcional) cuando dice que los niños de determinadas características tienen que ir a centros especiales».
«A otros padres no se les cuestiona el derecho a elegir el tipo de educación y a los padres que tenemos hijos con diversidad funcional se nos cuestiona como si la patria potestad la tuviera la Administración», coinciden Mar Álvarez y Alejandro Calleja.
«Respeto a las familias que prefieren que sus hijos estén en centros especiales, como respeto a quienes quieren llevar a sus hijos ‘normales’ a centros religiosos», agrega. Solcom ha atendido 242 casos en España desde su creación en 2009, 121 relativos al derecho a la educación inclusiva. Son familias que dan la batalla.