El Procurador del Común reclama más atención a los mayores del medio rural

El Procurador del Común de Castilla y León incidió ayer en el esfuerzo terapéutico que merecen los mayores de 80 años, como colectivo que se está viendo afectado en mayor medida por el Covid-19, y en los efectos de la pandemia sobre las personas que residen en el en el medio rural de la Comunidad.

El defensor del pueblo, que ha promovido desde el inicio de la situación «numerosas actuaciones de oficio», se ha dirigido a la Consejería de Sanidad para conocer si hay protocolos de actuación al objeto de priorizar la atención de quienes tuvieran, en razón de la edad, mayor esperanza de vida.

En este sentido, pide la realización de «todos los esfuerzos humanamente posibles» para que no se prive a ningún ciudadano del tratamiento requerido para curar la enfermedad, también a aquellos que «se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como, sin duda, es la población de la tercera edad».

El Procurador del Común recuerda que el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer un Informe sobre Aspectos Éticos en Situaciones de Pandemia _el SARS-Cov.2_, que «incide en las cuestiones consideradas por la Defensoría para que las decisiones que se adopten estén presididas por los principios de equidad, no discriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia».

Con referencia a los especiales problemas que se derivan de la pandemia, la Defensoría también ha actuado de oficio para conocer si hay una particular prevalencia de la infección por Covid-19 y con qué efectos en el medio rural.

Y lo hace tras tener en cuenta las condiciones de dispersión demográfica, envejecimiento y afectación pluripatológica de una parte importante de la población que reside en los municipios rurales de la Comunidad, así como el desplazamiento que muchos ciudadanos han realizado desde las ciudades hacía los pueblos durante la situación de confinamiento.

Todo ello con el fin de que «la administración sanitaria, considerando lo anterior, haga una descripción y valoración de los medios humanos y materiales que está empleando para prestar el servicio de salud en el medio rural en las actuales circunstancias».

Por último, otra de las iniciativas recientemente promovidas por el Procurador del Común se ha justificado en las dificultades a que tienen que enfrentarse los estudiantes de los diferentes niveles educativos medios y superiores que, una vez suspendida la actividad educativa presencial, han regresado a sus pueblos, para confinarse en sus casas, desde las que han de continuar su formación y, en su caso, someterse a la evaluación de conocimientos.

Una tarea que se lleva a cabo en muchos casos con «escasos medios tecnológicos». Sobre todo, cuando se trata de pequeñas localidades, con el inconveniente que supone carecer de conexión a internet o ser de mala calidad.

Situaciones sobre las que la Defensoría llama la atención de la Consejería de Educación y de las cuatro universidades públicas de la Comunidad para que «arbitren las soluciones que garanticen el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades de estos alumnos».