Un siglo de urbanismo en Ponferrada

El nacimiento, en 1918, de la MSP y su inicial necesidad de suelo para el desarrollo de un proyecto industrial que tenía como uno de sus principales ejes la ciudad y que no se utilizó posteriormente, por diversas razones, determinó el desarrollo urbano de la ciudad tanto en su especialización minera como en su configuración urbana. Ya inmediatamente, en 1919, Ponferrada se dotó de unas Ordenanzas de Construccióny en 1933, de un Plan de Ensanche. Sin embargo, no será hasta el inicial franquismo cuando Ponferrada apruebe diferentes normas urbanísticas que, en la práctica, resultaron inoperantes, superadas por la especulación y el desorden: Plan de Ensanche y Reforma Interiorde 1949, Ordenanzas Municipales de Construcción 1952 pero que respondieron al momento de expansión urbana asociada al gran incremento de la actividad minera y a la consolidación de la industria energética.

La Ley del Suelo de 1956, propició el primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ponferrada, aprobado en 1964. El modelo de crecimiento urbano determinado por sucesivos impulsos se fue consolidando y, a la vez, provocando la definitiva fragmentación de la ciudad, en un proceso que fue definiendo un modelo desordenado de edificación residencial densa y sin servicios, sin espacios libres públicos y con un viario ineficiente y congestionado. En los años sesenta y setenta el ritmo de crecimiento fue mucho menor debido a la terciarización de la economía y al proceso de cambio del estándar económico español. La crisis económica mundial que comienza en 1973 afecta directamente al Bierzo y a su capital. Ambos sufren las consecuencias incorporándose a la senda del estancamiento global a la vez que se estaba produciendo el proceso de transformación política nacional.

Tras la muerte de Franco, en Ponferrada se vive un clima de creciente tensión social en la ciudad que tiene como principal factor el urbanismo. La tramitación y aprobación del PGOU de 1977 constituyó un escándalo de gran dimensión mediática, social, judicial y, también, política. Dejó heridas abiertas inmediatas, como la propia renuncia a su cargo del entonces alcalde y tuvo consecuencias de gran recorrido como la victoria socialista en las elecciones locales de 1979.

Con una Corporación ya democrática, la judicialización del PGOU de 1977 implicó necesariamente una nueva regulación urbanística que se adaptase no sólo a las normas específicas en la materia sino también a la realidad social y política que se transformaba a gran velocidad. El PGOU de 1989 fue fruto de ese tiempo, el de la rebaja de las expectativas de una ciudad que ya no era la del dólar, que necesitaba equipamientos en todo su espacio urbano y que debía ir resolviendo las bolsas de terreno que la fragmentación secular había generado. Sin duda, la gestión de la revisión del Plan de 1977 fue rentable políticamente para la Corporación socialista, dominante en la coyuntura.

Las diversas actuaciones urbanísticas de los siguientes gobiernos, desde mediados de los años noventa, y la propia revisión urbanística plasmada en el PGOU de 2007, hoy en vigor, han seguido demostrando que, en la historia del urbanismo ponferradino, el enfrentamiento y el litigio han sido obstáculos permanentes para su desarrollo durante demasiado tiempo. Factores casi estructurales y que, junto a la preeminencia de los intereses privados sobre los generales, no deberían continuar siendo los hilos conductores de un adecuado desarrollo que permita la integración de su conjunto urbano.