Todas las asociaciones de jueces denuncian que el acuerdo «quiebra» su independencia
Todas las asociaciones de jueces expresaron este jueves su «profunda preocupación» por el acuerdo cerrado por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, ya que podría suponer una «quiebra» de la separación de poderes. El texto del pacto, que incluye una amnistía extendida hasta los supuestos casos de ‘lawfare’ o judicialización de la política en Cataluña y contempla emprender «acciones de responsabilidad» contra los autores de los mismos, lo que incluiría incluso a jueces o fiscales, supone un «riesgo evidente» de intromisión en la independencia judicial.
Los cuatro colectivos, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, salieron al paso dejando atrás las diferencias de opinión que, por ejemplo, mostraron el pasado lunes tras la declaración institucional aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra de la futura ley de amnistía. En este caso, la preocupación subyace por un punto concreto del acuerdo. Dice el texto consensuado por PSOE y Junts que esta norma «procura la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». Y debe incluir, por lo tanto, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura «en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». Según las asociaciones de jueces firmantes«ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».
Sobre todo las relativas a causas o investigaciones contra dirigentes o personalidades del mundo independentista, y no solo las relativas al ‘procés’, también a la derivadas con la llamada ‘operación Cataluña’ llevada a cabo por la «policía patriótica».
Los jueces, añade el comunicado, «han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución». Por lo tanto, estas expresiones del acuerdo político, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, «no son aceptables».
El comunicado remarca que el Poder Judicial en España «es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta». El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, manifestó este jueves que el acuerdo entre ambas formaciones «es muy grave» y supone implícitamente «un cambio de modelo constitucional» porque se busca el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de una negociación aceptando incluso la figura de un mediador. Para Viada, el texto «es un golpe de gracia al sistema constitucional español»