La alcaldesa de Fabero será juzgada por presunta prevaricación administrativa

El Juzgado de los Penal número 1 de Ponferrada ha vuelto a fijar la fecha del juicio oral contra la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, y otros tres acusados, por un presunto delito de prevaricación administrativa, para los días 20 y 21 de febrero.

La vista se suspendió antes de la pandemia y tiene que ver con el procedimiento en la contratación de varios trabajadores municipales. Como acusados están también tres funcionarios. En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, no se indican las penas que pide la Fiscalía, que ejerce como acusación en el caso. Sólo la citación, que procede en su origen del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponferrada, y que, en caso de no presentarse esos dos días, el juicio se celebrará en su ausencia. Tanto la alcaldesa como el resto de los imputados lo hacen en calidad de acusados.

El caso se inició a raíz de una denuncia del entonces concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Fabero Andrés Pérez Marote, hoy en PP, que puso en manos de la Fiscalía la documentación sobre varios casos de trabajadores contratados por el Ayuntamiento de Fabero.

En uno de los casos, según documentación que obra también en poder de este periódico, se denunciaba el proceso de selección de una trabajadora de personal laboral temporal, que ni estaba inscrita en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Fabero, ni estaba desempleada.

Mari Paz Martínez tenía otro juicio pendiente, del que fue absuelta en abril de 2021. El Juzgado de lo Penal 1 de Ponferrada dio carpetazo entonces a la petición por un delito electoral y otro de prevaricación administrativa tras una denuncia del presidente de la Junta Vecinal del pueblo de San Pedro de Paradela. Quedó en nada.

El juicio a la alcaldesa puede condicionar ahora su presentación a las elecciones municipales. El Código Ético del PSOE, en su artículo 5, que hace referencia a la actuación del partido en casos de implicación de cargos públicos en procedimientos judiciales, señala en su apartado segundo: «Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido».

Este periódico se puso en contacto ayer con Mari Paz Martínez, pero no recibió respuesta tras un primer contacto vía whatsapp.