Archivada la causa penal por la iluminación de Cacabelos

La Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso presentado por el Partido Popular de Cacabelos contra la denuncia presentada contra el alcalde de la localidad, acusado de un supuesto delito de prevaricación que el Palacio de Justicia entiende que no se produjo. La Sección Tercera, no obstante, entiende que sí podría concurrir un procedimiento judicial por la vía contencioso-administrativa.

La denuncia la formuló el concejal y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cacabelos, contra el alcalde de Cacabelos, el secretario de dicha corporación, la alcaldesa en funciones y tres concejales más, a los que se atribuía la comisión de delitos de prevaricación, administración desleal, malversación de caudales públicos, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento, por cuestiones relacionadas con el servicio de iluminación municipal.

Según la denuncia, se emitieron por parte de UTE CUA las respectivas facturas, estando pendientes de abonar por parte del Ayuntamiento de Cacabelos las correspondientes a los meses de marzo a agosto del año 2018 (inclusive), todas las del año 2019 y 2020, y los meses devengados del presente año 2021, tomando como referencia hasta el mes de junio de 2021, inclusive. El importe total de las facturas emitidas y no abonadas asciende a 631.324,08 euros. Habiendo devengado las mismas el interés de demora correspondiente, hasta la fecha de 30-06-2021, por importe de 67.225,92 euros..».

«No se trata por tanto —sigue diciendo— de una resolución del contrato de mutuo acuerdo sino que ha supuesto un grave perjuicio para el Ayuntamiento de Cacabelos». Daba detalles de la actuación delictiva —a su juicio— de la actuación de cada uno de los denunciados y terminaba pidiendo la incoación de diligencias previas para la investigación de los hechos denunciados y la participación criminal de cada denunciado en los mismos.

Dice la Audiencia que «al menos hasta el momento no existen indicios —como bien dice el Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ponferrada— ni de delito de prevaricación ni de ninguno de los que se narran en el escrito de denuncia». Existe —eso sí— «una discrepancia (de naturaleza política sin duda en la medida en que quien formula la denuncia es un grupo político de la oposición— y si se quiere también administrativa ya que, con arreglo a lo que se sostiene en la denuncia, la actuación que se atribuye a los denunciados comporta (según el denunciante) no sólo una irregularidad en la gestión administrativa, sino también un perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento de Cacabelos».