La falta de planes técnicos evidencia la futura Zona de Bajas Emisiones en Ponferrada

El equipo de gobierno de Olegario Ramón tomó la decisión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin un estudio previo que justificara la decisión en base a la contaminación por efecto del tráfico en las calles afectadas, y sin consultar antes a los vecinos y comerciantes del centro de Ponferrada donde se va a aplicar la nueva norma en los próximos meses.

Así, al menos, lo defiende Ciudadanos en una alegación que Olegario Ramón no ha respondido cinco meses después, y tampoco lo hará porque el debate sobre la decisión política más importante de Ponferrada para los próximos años no se llevará a Pleno en el actual mandato, por falta de apoyos del alcalde para sacar adelante la ordenanza después de que CB se descolgara y el PP anunciara su oposición «a la Zona de Bajas Emisiones de Olegario Ramón», igual que USE y CS, que alegó a la norma.

La alegación que encabeza Ruth Morales, como portavoz de CS, pone en evidencia la falta de argumentos de peso de Olegario Ramón para una decisión que va a condicionar la movilidad y la economía de una parte importante de la ciudad en los próximos años.

El documento de CS, al que ha tenido acceso este periódico, además de sostener que la medida en una ciudad como Ponferrada, capital comarcal del Bierzo, va a tener «un impacto negativo en la movilidad de los ciudadanos demandantes de servicios, así como en la actividad económica relacionada con los sectores de comercio, la hostelería y otros servicios profesionales», asegura que el proyecto «no ha seguido los trámites de información pública pertinentes». Según Ciudadanos, el proyecto normativo de la ZBE debería haber incluido «la opinión de las personas y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma» en base al Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por otro lado, «la ciudad de Ponferrada, como las propias autoridades municipales han reconocido, no supera actualmente, ni ha superado en tiempos anteriores, los valores límite anuales de protección de la salud por emisiones de dióxido de nitrógeno, y tampoco los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud para este contaminante y por partículas en suspensión PM10», señala la alegación de Ciudadanos.

La formación que encabeza Ruth Morales considera que la delimitación de calles sólo respondió a «intereses puramente políticos» del actual equipo de Olegario Ramón para acceder a fondos presupuestarios para obras «de naturaleza estrictamente cosmética» más que «de salud de los ciudadanos» u obras de reurbanización de «infraestructuras obsoletas».

Según Ciudadanos, lo primero que se debería haber hecho es un estudio de movilidad y circulación en la zona, ya que «se desconoce cuál será la afluencia de vehículos por las rutas alternativas y si se garantiza suficientemente la fluidez del tráfico». También sobre el efecto que tendrá para los residentes de las zonas por las que se desviará el tráfico.

Cs cuestiona la falta de informes también sobre el efecto sobre la economía de la zona y la «afectación» para el valor de los inmuebles y locales. Una cuestión que no es menor «en una ciudad que ya ha padecido tres crisis desde el año 2008», alerta Ruth Morales.

El Ayuntamiento de Ponferrada justificó su decisión en un acuerdo de junta de gobierno por el que se aprobó el «Proyecto 4.0 aire limpio y calidad de vida», cuyos datos no han trascendido.

Además de Cs, otros colectivos anunciaron en su día que iban a alegar a la Zona de Bajas Emisiones propuesta por Ramón.