La Junta niega que se suprima el servicio de mediación laboral
Sindicatos y Fele temen que se pretenda sustituir el sistema presencial por telemático
La Junta de Castilla y León desmintió ayer que se haya desmantelado el servicio presencial de Servicio de Mediación, Conciliación y Arbitraje (SMAC) en Ponferrada a favor de un servicio telemático, tal y como denunciaron los sindicatos UGT, CCOO y Fele.
«Es rotundamente falso que se haya suprimido el servicio presencial y de hecho hoy (por ayer) se han desplazado a Ponferrada técnicos de de Trabajo para realizar conciliaciones presenciales», explicó en un comunicado la Consejería de Empleo.
La Junta aclaró que lo que se ha hecho es complementar el servicio presencial, a modo de prueba, con la celebración de conciliaciones telemáticas. «El nuevo servicio, que convive con el presencial, pretende mejorar la prestación del servicio a los usuarios, que tendrán la posibilidad de optar por el modelo que mejor responda a sus necesidades», se explicó desde la Consejería.
Asimismo, la Administración autonómica aseguró que ha mantenido en todo momento informados de la extensión del servicio a los agentes económicos y sociales del Diálogo Social.
La Consejería apuntó que el próximo lunes está prevista, además, una reunión técnica con los representantes de los sindicatos y la patronal a fin de valorar y analizar los resultados de este nuevo servicio que se pone en marcha en Ponferrada a modo de prueba. El objetivo de la Consejería, y una vez evaluado el resultado del servicio telemático, es extender este servicio del SMAC a otros municipios de Castilla y León, especialmente a aquellos con mayor actividad economía en los que no existe servicio presencial.
Los sindicatos UGT y CCOO y la Federación Leonesa de Empresarios denunciaron ayer la extinción presencial de este servicio. «Un sistema que los sindicatos y la patronal rechazamos, salvo en ocasiones puntuales que así lo requieran, puesto que puede suponer la extinción total del servicio en el Bierzo a corto y medio plazo». Las razones que argumentaba la Consejería era la de ahorrar costes, ya que así se evitaría el desplazamiento de los funcionarios a Ponferrada, «todo ello en perjuicio de los empresarios y trabajadores», según los agentes sociales.