La Junta se une a Ponferrada y rechaza el archivo del incendio de la Tebaida

La representación legal de la Junta de Castilla y León, personada como acusación particular en el caso del incendio de la Tebaida, también se opondrá al archivo de la investigación judicial que ha terminado con el encausamiento del único ganadero de Bouzas por parte del juzgado de Ponferrada que instruye la causa. Fuentes de la administración confirmaron ayer a este periódico que seguirán los pasos del Ayuntamiento de Ponferrada, que ya ha presentado un escrito en el Juzgado número ocho para oponerse al recurso del fiscal contra la continuidad del proceso adhiriéndose a los argumentos del juez para encausar al ganadero por indicios. De la misma forma, en el lado de la acusación popular, la Asociación Forestal de León, también ha expresado su intención de pedir de tres a seis años de cárcel para el ganadero por un delito grave de incendio forestal tipificado en el artículo 353 del Código Penal.

La Junta aún no ha formalizado su escrito de oposición al recurso del fiscal -los plazos legales están suspendidos durante el estado de alarma sanitaria- pero ayer adelantó que no comparte los argumentos del fiscal para solicitar el archivo del procedimiento penal porque los indicios contra el ganadero serían «débiles y endebles», según afirma en su recurso de reforma contra el auto del titular del Juzgado de Instrucción número ocho que ha encausado al principal sospechoso.

El magistrado sustituto del juzgado que instruye la causa dictó el pasado 20 de abril un auto para encausar al ganadero por indicios, una estrategia que ha perseguido sobre todo la acusación de Asfole a la hora de solicitar pruebas y testimonios, en vista de la ausencia de testigos directos; algo habitual en los casos de incendio forestal.

El juez entiende que la instrucción ha reunido suficientes indicios como para pensar que el ganadero «de forma intencional prendió fuego en el paraje de La Batuda en montes de Bouzas, para quemar matorrales y regenerar pastos». Algo que acabó por causar un incendio grave, reavivado por el fuerte viento y que en seis días activo, hasta el 23 de abril de 2017, calcinó mil trescientas hectáreas de terreno. Además, los daños y los gastos de extinción superan ampliamente el millón de euros. Las sanciones recibidas por pastar el ganado en terreno quemado, la proliferación anual de incendios y las conclusiones de técnicos y policías sobre las causas y el origen del fuego llevaron al juez a sustentar la continuidad del procedimiento.

El fiscal, por el contrario, entiende que ni las pruebas, ni los testimonios incriminan al ganadero, sino que siembran más dudas sobre su participación. Ni tendría necesidad de quemar, porque le sobra pasto, y sería «el mayor perjudicado» por el fuego, al ser sancionado porque una parte de su ganado «se le escapa» a pastar en zona quemada.