El CES quiere que otra consejería se haga cargo del Serla y su gasto
Patronal y sindicatos consideran que la supresión tendrá «consecuencias perjudiciales» para CyL
El Consejo Económico y Social (CES) ha propuesto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que continúe el «normal funcionamiento de la Fundación Serla y con la financiación pública suficiente» aunque sea «desde otra Consejería».
Así lo acordó la Comisión Permanente de la institución, que celebró ayer sesión extraordinaria para estudiar la situación generada por la decisión de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de no financiar e iniciar el procedimiento de extinción de la Fundación.
En este sentido, el CES ha remitido al presidente de la Junta el acuerdo aprobado el martes para mantener este servicio público obligatorio. «Recomendar y proponer que continúe el normal funcionamiento, con financiación pública suficiente de la Junta de Castilla y León, del sistema de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León», recoge el escrito que también pone en conocimiento de Mañueco que la financiación pública de este servicio público podría llevarse a cabo «mediante otros instrumentos, ya sea desde otra Consejería, otra entidad u otro organismo del sector público autonómico».
En el acuerdo, recoge un comunicado conjunto del CES, CCOO y UGT, se hace «especial hincapié» en que la legislación laboral no permite la supresión del Serla. En este sentido, el CES considera necesario que se estudien «con detenimiento» las implicaciones «legales, económicas y sociales» que pueden derivarse de la extinción de la Fundación Serla.
«La situación que se produciría con esta extinción, sin precedentes en España, originaría una muy grave e indeseable situación de incertidumbre e inseguridad jurídica, tanto para el buen funcionamiento de las empresas, como para la tutela de los derechos en el marco de las relaciones laborales», ha añadido.
Desde CCOO y UGT destacan la importancia de que un órgano como el CES, una institución propia de la Comunidad que cuenta con personalidad jurídica propia e independiente, haya sido «tan tajante» al reivindicar a Mañueco el mantenimiento del Serla. «La decisión de suprimir este servicio, planteada desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, tiene diferentes consecuencias, todas ellas perjudiciales para el interés de la comunidad, de sus trabajadores y empresarios», concluye.