jueves 22/10/20

CyL registra la cuarta mayor caída del gasto en servicios públicos esenciales

Denuncian que la ausencia de PGE ha puesto en «grave peligro» la atención en sanidad, educación y exclusión
El consejero de Economía se reunió ayer con los portavoces de los grupos parlamentarios. NACHO GALLEGO

Castilla y León registró la cuarta mayor caída del gasto en servicios públicos esenciales en el periodo 2009-2019, tanto en valores absolutos como relativos, con un descenso de 77,7 millones y de euros, lo que supone un 1,2 por ciento menos. En 2019, el gasto en políticas sociales representó en Castilla y León el 65,4 por ciento de su Presupuesto, el segundo porcentaje más alto tras Asturias, mientras que el gasto por habitante fue de 2.643,94 euros, la séptima en la clasificación de las comunidades autónomas.

Este gasto por habitante registró en Castilla y León una caída en la última década del 1,4 por ciento del presupuesto dedicado a estas partidas, si bien en valores absolutos gastó 116,22 euros más por habitante.

El gasto autonómico en servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) cayó en 2019 un 0,1% respecto al gasto de 2018, pasando de 116.857,3 a 116.850,5, rompiendo así la tendencia al alza que venía produciéndose desde el año 2014, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el que también se revela que las comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales desde 2009, son Cataluña (19,6%) y Castilla-La Mancha (15,4%). «La ausencia de Presupuestos Generales del Estado ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro», avisa la asociación.

Según explica, los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010 y que fueron «especialmente drásticos» en 2013, condujeron a que en ese año se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales, con menos de 100.000 millones de euros. Desde el año 2014 y hasta el 2018 se habían ido registrando aumentos, una tendencia que se ha roto en 2019.

Además, la asociación advierte de que la recuperación del gasto en políticas sociales es aún «deficitaria» pues, tras 10 años presupuestarios, el gasto en políticas sociales de 2019 (116.850,5 millones) aún está por debajo del de 2009 (116.851,7 millones).

RIESGO POR EL IMV

En todo caso, desde el año 2009 hasta el 2019 la inversión en servicios sociales se ha incrementado en 2.132,6 millones de euros, un aumento de un 70% que ahora «está en un claro riesgo tras la aprobación del ingreso mínimo vital», según alerta la asociación.

«Tras la aprobación del IMV, las comunidades autónomas podrían caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales», señala.

Dentro de los servicios públicos esenciales, la asociación pone de relieve que solo el gasto en servicios sociales ha recuperado el nivel previo a los recortes, algo que achaca a dos razones: «la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009 y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis». No obstante, la asociación precisa que este incremento en atenciones asistenciales ha sido «insuficiente» si se atiende a los datos de incremento de la pobreza y a las 266.000 personas en situación de dependencia en lista de espera de atención y las 160.000 pendientes de valoración.

En cuanto al gasto social por habitante, el informe revela que fue de 2.498,5 euros en 2019, 36,8 euros inferior al de 2009 y 11,75 euros inferior al de 2018. Por su parte, el porcentaje del presupuesto destinado a protección social, que en 2009 era el 66,9%, en 2019 ha sido 6,3 puntos inferior (60,6%) y 1,2 puntos inferior que en 2018.

«Esto pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado», subraya la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

También lastra a las comunidades autónomas el «continuo» aumento de la cantidad del presupuesto que se destina a pagar la deuda.

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