La Junta deja las «mejoras» a las mujeres que quieren abortar en manos de los médicos

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), afirmó ayer, tras una semana de polémica en torno a las medidas para prevenir abortos presentadas el jueves pasado por el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), que «no se van a modificar los protocolos» actualmente vigentes en la Comunidad, en referencia a la atención a las embarazadas y al de abortos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno —en el que la Junta ha inadmitido el requerimiento de competencias enviado por el Gobierno central sobre esta materia— el portavoz contestó decenas de preguntas con referencias al comunicado de la Consejería de Sanidad de hace una semana, que «sigue vigente», dijo, pese a que su contenido no ha sido trasladado aún a los profesionales sanitarios, según reconoció.

Esa contradicción, al defender a la vez que no van a cambiar los protocolos que siguen los sanitarios para atender a las mujeres embarazadas —quieran abortar o no— y la vigencia del comunicado en el que se detallan las medidas, rondó buena parte de la comparecencia del portavoz, con un mensaje de que la pretensión de la Junta no era modificar el protocolo de abortos, sino «mejorar» las prestaciones a todas las mujeres embarazadas.

Se refería así a la preferencia que, de entrar en vigor las medidas, dará la sanidad pública de Castilla y León a la atención psicológica de las embarazadas, la elaboración de un «protocolo» de latido fetal en el primer trimestre del embarazo —que ha criticado la Sociedad Española de Ginecología— y la realización de una ecografía 4D, todo ello con «criterio clínico» del médico, pero a la vez con la posibilidad de que las embarazadas lo demanden.

LATIDO FETAL

El portavoz de la Junta insistió en el sentido manifestado por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), en que no se va a obligar a los profesionales sanitarios a llevar a cabo estas medidas, sino que los propios médicos «saben que son prestaciones y recursos que tienen a su disposición», aunque no aclaró cómo van a comunicar finalmente estas «mejoras» a los médicos, matronas y ginecólogos como principales involucrados en el proceso.

Preguntado por si los médicos que, voluntariamente, ofrezcan a una mujer embarazada escuchar el latido fetal en el primer trimestre de la gestación estarían ejerciendo «coacciones» sobre ellas, el portavoz de la Junta dijo: «No soy juez». A lo que añadió que tanto los profesionales sanitarios como las mujeres «saben lo que sería una coacción y lo que no».

Pese a insistir en que el contenido del comunicado suscrito por Sanidad sigue vigente, reconoció que la inclusión de la palabra «protocolo» en el punto referido al latido fetal en el primer trimestre de embarazo pudo ser un error, ya que cree que se ajustaría más un término como «procedimiento», para distinguirlo de los protocolos vigentes, sin variación, según remarcó en distintos momentos de la rueda de prensa.

EL FUTURO DEL GOBIERNO

Preguntado en varias ocasiones por lo manifestado por el vicepresidente en la rueda de prensa del pasado jueves y en los días siguientes, Carriedo se escudó en que prefería no analizar lo manifestado por otros miembros del Gobierno y resumió: «Compartimos la nota de prensa y el acuerdo de inadmisión del requerimiento del Gobierno».

Sin embargo, al pedirle una aclaración de las razones por las que, como representante del PP, no corrigió al vicepresidente en la comparecencia anterior que compartieron, Carriedo asumió que «siempre las cosas se puede hacer mejor» y que él trata de «aprender», por lo que anunció que lo tendrá en cuenta para el futuro.

Sobre el futuro del gobierno de coalición entre el PP y Vox, el portavoz sostuvo que se mantiene la «unidad» y la «utilidad» del mismo, aunque consultado por un hipotético adelanto electoral, tiró de manual político para asegurar que esa decisión «corresponde únicamente al presidente de la Junta».

No obstante, defendió que sea cual sea su decisión, la de Mañueco se guiará «por el criterio del interés general» y por lo que sea «más útil», sin entrar analizar las manifestaciones realizadas por los distintos partidos políticos ni «posiciones individuales» de cada formación.