La Junta exige al nuevo Gobierno una financiación igual para todos
Igea advierte a Sánchez e Iglesias de que todas las prestaciones tienen que llegar con fondos
Francisco Igea compareció ayer una vez finalizado el Consejo de Gobierno.
La Junta de Castilla y León urgió ayer al nuevo Gobierno, al que tendió la mano y con el que «está deseando comenzar a trabajar», que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para cerrar el sistema de financiación desde el plano de igualdad entre todas las comunidades, pero advirtió de que las prestaciones no se pueden anunciar sin los recursos necesarios.
Así lo expresó el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo de la Comunidad, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno de este año en la que trasladó la felicitación y los mejores éxitos al nuevo Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, que se recibe desde la «tranquilidad y la lealtad constitucional».
Tras los buenos principios, manifestó que la Junta estará «vigilante» para que Castilla y León sea tratada «en pie de igualdad» con el resto de las comunidades y apuntó como «ineludible» y «urgente» que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar del pendiente sistema de financiación autonómica.
En ese punto, recalcó que se deben «revisar» los criterios para que exista una financiación adicional a los servicios que se prestan en el territorio, no solo a las personas, en referencia a la extensión, dispersión y envejecimiento que marcan el perfil de Castilla y León.
«Castilla y León está deseando comenzar a trabajar con el nuevo Gobierno, hay muchos asuntos pero hay que dejar claro que el Gobierno no puede anunciar prestaciones que no dependen de él sin financiación». «No puede iniciar la fiesta y que invite el otro», argumentó, para recordar que se adeudan los 140 millones de liquidación del IVA de 2017.
Pilares de la democracia
Igea expresó la «preocupación» porque en el debate de investidura se cuestionaran «por primera vez los pilares de la democracia» y rechazó la disyuntiva entre legalidad y democracia, así como que se cuestione el normal funcionamiento de la justicia y la separación de poderes, algo que, en su opinión, protege a los más débiles y a las minorías.
También rechazó que el plan de infraestructuras estatal se convierta en una «subasta» para conseguir el voto de diputados de determinadas provincias,