Vox se descuelga de Gallardo y deja de amenazar con romper el pacto en CyL

El encargado de dar ayer marcha atrás al amago de ruptura fue vicepresidente nacional de Vox, Javier Ortega Smith, que asegurío que su formación no se plantea ninguna ruptura del gobierno en Castilla y León, aunque pidió al PP que cumpla el «pacto» respecto al acuerdo sobre el protocolo «provida» anunciado, por el que las mujeres que vayan a abortar tendrían que escuchar el latido del feto y ver el rostro en una ecografía 4D.

Ortega Smith, que hizo estas declaraciones durante una visita a Castellón, aseguró sin embargo que Vox ha dejado constancia a lo largo de los últimos años de que es «un partido de fiar y que a aquello que se compromete lo cumple», en un intento de camuflar el nuevo virage, que limita la presión sobre Mañueco ejercida hasta ahora porel partido de extrema derecha y Gallardo, su hombre en Castilla y León.

Si la víspera, Vox iba a «revisar» el acuerdo con Mañueo y horas después era que lo iba a «evaluar», ahora ya ni eso.

«Nosotros no nos planteamos ninguna ruptura de ese gobierno, y esperamos que el PP tampoco, entre otras razones porque eso puede suponer un nuevo riesgo de que la izquierda pueda entrar en Castilla y León, y eso nosotros no lo deseamos», dijo el dirigente de Vox.

Preguntado qué piensa hacer Vox ante la negativa del PP a cambiar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas, Ortega Smith sostuvo que «si el PP o la Consejería de Sanidad no quieren cumplir el acuerdo, estarán haciendo algo que en política en muy reprobable, que es engañar a quienes han pactado contigo». Pero nada más. Eso sí, recordó que el PP está en el gobierno de Castilla y León gracias a su formación.

Según Ortega Smith, que los médicos tengan la obligación de ofrecer a una mujer que quiere abortar escuchar el latido del feto o realizar ecografías en 4D para ver su rostro son medidas para «ayudar a que incremente la natalidad y evitar este terrible suicidio demográfico que supone el abandono de grandes zonas de toda España».

«Algunos se ponen muy nerviosos, y no lo entendemos, por el hecho de que se ofrezca a las madres todas la información posible y darles la oportunidad de que, con todos los datos, puedan decidir en algo que es muy importante para ellas y para el hijo que llevan en su vientre», subrayó.

Gallardo guardó ayer silencio. Quien no lo hizo fue el portavoz de la campaña electoral de Feijóo. Borja Sémper calificó de «irresponsable» al vicepresidente de Castilla y León por provocar un «requerimiento fantasma» del Gobierno de Pedro Sánchez ante una decisión «inexistente» en relación al protocolo de embarazos en esta región.

Tras cargar también contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por «aprovechar» esto para «desviar la atención» de sus propios problemas, como la ley del solo ‘sí es sí’, Sémper afirmó que «lo que más necesita Castilla y León y España en este momento es estabilidad, sensatez y gobiernos, también vicepresidentes, que se dediquen a ocuparse de los problemas reales de la gente y no a cizañar o generar incendios».

Al ser preguntado si tiene sentido que PP y Vox mantengan el Gobierno de CyL tras esta crisis, Sémper desvió la respuesta y dijo que «lo que no tiene sentido» es lo que ha ocurrido estos días y es «reflejo del estado actual de la política en España», que se mueve «entre la simulación y la práctica partidista».

En una entrevista en RNE, Sémper criticó que el vicepresidente de Castilla y León, del que dijo que tiene un perfil «muy singular y particular», haya anunciado unas medidas para «las que no tiene competencia», que no «existen» y además es «corregido públicamente» por el presidente autonómico.

Sobre si Alfonso Fernández Mañueco debería cesar a su vicepresidente y si él rompería ese acuerdo, indcó que solo el presidente de la Junta de CyL tiene «competencia» para tomar esa decisión.

También ayer, el presidente nacional del PP se desentendió de la convocatoria otra vez de elecciones en Castilla y León cuando apenas se ha cumplido un año desde las últimas.

Núñez Feijóo señaló que no tiene «ningún indicio» de que esté prevista la convocatoria de elecciones en Castilla y León y consideró que es no es «un debate que en este momento se esté dando en Castilla y León».

En declaraciones a los medios de comunicación en Cuenca, Núñez Feijóo recordó que la convocatoria electoral es competencia exclusiva del presidente autonómico.

En cuanto al requerimiento que ha enviado el Gobierno central para que Mañueco aclare si habrá o no cambios en la atención que reciben las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, Núñez Feijóo criticó ese movimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez porque, aseguró, el presidente de Castilla y León «ha sido determinante» al decir que «no va a haber ningún cambio». Denunció que el requerimiento es «una manipulación burda de los hechos» porque «ese protocolo no existe» y advirtió de que «conviene no jugar» con «si una comunidad autónoma cumple o no la Constitución», ya que hay «otras que están disminuyendo los compromisos constitucionales con el visto bueno del Gobierno».

Feijóo advirtió de que «perder el tiempo» hablando sobre la atención al aborto favorece al Gobierno central porque «no le interesa que se hable de los casi 200 agresores sexuales que han visto rebajada su pena ni de los violadores excarcelados» por la aplicación de la ley del «solo sí es sí».

En Génova dieron a Mañueco orden de desactivar cuanto antes una polémica que les aparta de su estrategia de ocupar el centro para poder conformar mayorías amplias que les permitan gobernar en solitario. En un año electoral clave, el debate del aborto podría ahuyentar al casi millón de votantes socialistas desencantados con el ‘sanchismo’ a los que quieren convencer para que elijan ahora la papeleta del PP o soliviantar a su electorado más conservador que aún no se ha marchado a Vox.

A nadie se le escapa que Castilla y León, la única cuota de poder de la formación de Abascal, es el escaparate perfecto para explotar su perfil y mostrar su agenda ideológica. De ahí que Vox no haya cedido en su versión de que existía un acuerdo de Gobierno sobre las nuevas medidas antiabortivas y el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, llegase a amenazar con quebrar el Ejecutivo autonómico.