España limitará por ley cesáreas y cortes de vagina innecesarias
Un comité de la ONU sacó los colores hace dos años al Gobierno pidiéndole que moviese ficha lo antes posible para acabar con las altas tasas españolas de violencia obstétrica. Con las intervenciones sanitarias abusivas o las desconsideraciones para con las embarazadas y parturientas que impactan contra su salud física y psíquica.
El Ministerio de Igualdad considera que ha llegado el momento de cumplir. Va a usar la futura reforma de la ley aborto, de la que quiere tener un borrador para la vuelta del verano, para tratar de luchar contra todo lo que considera violencia contra las mujeres y no ha incluido ya en la ley del ‘solo sí es sí’. Es decir, la obstétrica, la gestación subrogada, y la esterilización y el aborto forzados.
Esta norma, según las grandes líneas que ya baraja el ministerio, establecerá por ley el derecho de toda embarazada a tener el parto lo más natural posible. A dar a luz con el mínimo de intervenciones médicas, sobre todo si son de carácter invasivo. Autorizará todas las actuaciones sanitarias que sean precisas, pero ni una más. Perseguirá las intervenciones hechas por costumbre, comodidad o que solo buscan ahorros y beneficios.
Los pocos datos que existen sobre la hipermedicalización del alumbramiento en España son «alarmantes», según describió hoy María Naredo, asesora de la ministra Irene Montero. El 26% de los partos se producen por cesárea, al 43% de quienes dan a luz se les practica una episiotomía —cortes en la prolongación de la vagina para ampliar el canal— y el 34% de los partos son inducidos por fármacos, una técnica que solo debería de emplearse en casos tasados. Son el doble de las cesáreas que encuentra justificadas la Organización Mundial de la Salud (OMS), el triple de los partos inducidos normales, y el cuádruple de las episiotomías que sería preciso hacer con los parámetros médicos internacionales.