Expertos y damnificados critican que la Iglesia no investigue la pederastia
Una comisión independiente acaba de concluir que en Francia 216.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, unos casos en los que están acusados unos 3.000 curas. ¿Qué ocurre en España? La Conferencia Episcopal admite que 220 sacerdotes han sido denunciados por pederastia, según los datos de que dispone, que abarcan desde 2001 hasta ahora. La gigantesca diferencia entre el clero de un país y otro induce a la incredulidad entre asociaciones de víctimas y expertos.
La jerarquía eclesiástica ha optado por abrir oficinas de atención en las diócesis para atender las quejas y denuncias que se presenten, aunque ha descartado someterse a una evaluación externa. Según fuentes del episcopado, esta vía garantiza la «discreción», una actitud compatible con la intención que persiguen los damnificados de «sanar las heridas».
Las congregaciones religiosas españolas admiten la existencia de más de un centenar de casos de abusos, entre las que destacan las perpetradas desde 1927 por los jesuitas, que reconocen 81 víctimas de 65 religiosos.
Escolapios, claretianos, corazonistas y Legionarios de Cristo han llevado a cabo investigaciones internas. Varias órdenes han pagado indemnizaciones o están dispuestas a hacerlo, a pesar de que el delito haya prescrito, como sucede en muchísimos supuestos.
Para Ana Dueñas, miembro de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) y madre del joven que sufrió abusos sexuales en el colegio Gaztelueta de Lejona (Vizcaya), perteneciente al Opus Dei, la actitud de la Iglesia se encuadra dentro del encubrimiento: «No es lógico. Aquí no se quiere investigar. Las oficinas diocesanas no están funcionando. La Iglesia parece dividida entre unos pocos que quieren cumplir el motu proprio del Papa para investigar la pederastia y otros, los más, que son negacionistas».
A la luz de las investigaciones llevadas a cabo en otros países, como Bélgica, Irlanda, Alemania o Estados Unidos, la proporción de clérigos implicados oscila siempre entre el 3 y el 4%. Así lo pone de manifiesto Gemma Varona, investigadora del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco (UPV).