Fin a las ventajas de la jubilación
Los efectos de la ley de 2011 son limitados ya que una cuarta parte de los nuevos pensionistas procede del régimen anterior La edad media para abandonar el trabajo es ahora de 64,4 años
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. CARLOS DE SAÁ
Casi ocho años después de que entrara en vigor la reforma de las pensiones de 2011, que endurece las condiciones de acceso a la jubilación con el objetivo último de retrasar la edad de retiro, su impacto es aún limitado y la edad efectiva de hacerlo aún está muy lejos de la legal: los trabajadores abandonan el mercado laboral de media a los 64,6 años, pese a que en la actualidad deberían hacerlo a los 65,10 años. Así lo reconoce el Banco de España en un informe publicado recientemente.
Las razones son básicamente dos: todavía hay un «notable» porcentaje de personas que acceden a la jubilación según la normativa previa, lo que significa que lo hacen con menos requisitos y condiciones más ventajosas, y un número muy elevado aún puede hacerlo a los 65 años, ya que las disposiciones de esta ley permiten mantener en 65 años la edad legal de jubilación para las personas con carreras de cotización suficientemente amplias (37 años o más en 2020).
De hecho, en 2018, algo menos del 40% de las altas de jubilación se vieron afectadas por un cambio en la edad legal tradicional de 65 años. Pero sí es cierto que la incidencia de esta reforma, que se aprobó en su día por consenso, es cada vez mayor y el año que viene lo será más, puesto que, salvo que el Gobierno tome medidas, entrará ya plenamente en vigor el próximo mes de enero.
Así, en 2018, cinco años después de su puesta en marcha, el porcentaje de altas cuya jubilación se produjo con arreglo a la ley de 2011 todavía era inferior al 65%, según resalta el Banco de España. Además, únicamente el 36% experimentaría un cambio en la edad de jubilación: aquellos trabajadores cuya edad legal se situaría por encima de 65 años por no contar con un período de cotización suficientemente amplio y, a su vez, quienes se acogieron a la jubilación anticipada voluntaria, una nueva modalidad que se estableció en esta reforma y que ha tenido una gran acogida.
En 2020 este porcentaje de jubilaciones con las ventajas previas a 2011 se ha reducido, pero aún así una de cada cuatro proceden de la regulación previa. De las casi 97.000 altas que ha habido a lo largo de este año, unas 25.000 se rigen por la normativa anterior.
No obstante, no siempre la aplicación de esta reforma supone un recorte de la pensión. Hay cientos de miles de personas que han sido expulsadas del mercado laboral y que reciben una mayor prestación por el hecho de que se les calcule su pensión con los últimos 25 años de cotización en lugar de con los últimos 15, tal y como precisa Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CC OO, quien, no obstante, sí reconoce que supone una «pequeña reducción» para las carreras de cotización más estables, las que se jubilan a la edad ordinaria y cuyo salario crece por encima del IPC.
Pero desde enero todos los trabajadores que se jubilen se regirán ya por la reforma de las pensiones de 2011, sin excepciones, salvo que el Gobierno apruebe una nueva prórroga de la denominada ‘cláusula de salvaguarda’, como ha sucedido en los dos últimos años.
Esta ley estableció que determinados colectivos, los que hayan sido despedidos antes de 2013 y estuvieran en un expediente de regulación de empleo o cobrando el paro u otro subsidio, podrían seguir jubilándose bajo el régimen anterior sin ver reducida su prestación, aunque esta posibilidad caduca el próximo 31 de diciembre. UGT y CC OO ya han pedido al Ejecutivo que amplíe esta moratoria y que lo haga ya, sin esperar a los últimos días del año.
Desde el Ejecutivo guardan silencio. «Ya se lo hemos planteado y lo vamos a seguir exigiendo», explica Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales de UGT, que dice que esto afectaría a unas 26.000 personas. «No son tantos y las consecuencias sí varían mucho», sostiene.