Hacienda dilata el cheque bebé de UP a la espera de la reforma fiscal

La futura ley de diversidad familiar vuelve a tensar la delicada cuerda entre PSOE y Unidas Podemos. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales explican que Hacienda se ha cerrado en banda a tratar una de las propuestas estrella que la ministra Ione Belarra aspira a incluir en la norma: una renta universal por crianza de 100 euros al mes para todas las madres españolas y 150 euros para las familias monoparentales. El objetivo sería llegar a todos los hogares con niños desde que nacen hasta que alcancen la mayoría de edad, aunque en principio solo implicaría a la franja de cero a cuatro años.

Desde la cartera que dirige María Jesús Montero prefieren no valorar este gasto ‘extra’ para las arcas públicas del Estado, al menos, hasta recibir las recomendaciones sobre la reforma fiscal que el comité de expertos trasladará al Ejecutivo a finales de este mes. «La cuestión se encuentra dentro de la negociación habitual entre ministerios», apuntan fuentes del Ministerio. Sin embargo, en el entorno de Unidas Podemos insisten en que el gabinete de Montero «ni siquiera nos recibe».

Ante este parón, la formación morada ha reactivado en los últimos días la presión para sacar adelante la iniciativa que ya fue planteada por el equipo de Ione Belarra durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Pero finalmente cayó en saco roto, por lo que el grupo quiere aprovechar la ley de familia para introducir la medida a lo largo de este año y que entre en vigor en 2023. El principal choque con Hacienda está en que, según la idea inicial, todas las madres podrán acceder a la ayuda.

Y el PSOE entiende que este tipo de prestaciones debe fomentarse solo entre las mujeres con contrato laboral, como el modelo que rige hasta ahora.

La experiencia de Zapatero

Esta fue, precisamente, una de las principales críticas que recibió la única prestación por crianza universal que ha existido hasta ahora en España, el ‘cheque bebé’ impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre noviembre de 2007 y finales de 2010.

Una prestación de 2.500 euros por nacimiento para madres con un único requisito: ser residente en España. Esta ayuda se pagaba por una doble vía. En la mayoría de los casos, como una deducción fiscal sobre el IRPF. Pero las mujeres no trabajadores (y las residentes en Navarra y País Vasco con su propio sistema) podían acceder a ella como una prestación no contributiva a través de la Seguridad Social.

La idea ahora es que la nueva renta de crianza universal se tramite en forma de ayuda directa, para que incluso los hogares que no realizan la declaración de la renta al no percibir los ingresos mínimos para ello, también puedan beneficiarse. En todo caso, los impulsores de la medida aseguran que su coste estimado «es perfectamente asumible» para el Estado. En concreto, los cálculos que manejan apuntan a que en su primer año esta ayuda implicaría un gasto de 400 millones de euros para cubrir las familias con niños de cero a cuatro años. Hay que tener en cuenta que la idea es que estas prestaciones no se puedan acumular.