Un millón y medio de trabajadores se jubilaron anticipadamente en 10 años

lucía palacios | madrid

Telefónica lo acaba de anunciar hace apenas unos días: dará salida a trabajadores de más edad para incorporar a las nuevas generaciones. Esto, en un momento en el que la compañía atraviesa una situación delicada por el valor de su acción, no es otra cosa que un ahorro de costes, puesto que los jóvenes acceden al mercado laboral con unos salarios muy inferiores a quienes lo abandonan. A falta de concretar, el número de bajas voluntarias (como se denominan estos despidos encubiertos) podría oscilar entre los 2.800 y los 4.600, que se suman a los 6.300 empleados que se apuntaron a otro plan similar entre 2016 y 2018.

No es un caso único. Casi que puede hablarse de una oleada de empresas que en los últimos meses han anunciado recortes en sus plantillas, en su gran mayoría del sector de la banca, las telecomunicaciones, la energía o la automoción. Banco Santander ha puesto en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 3.000 personas, Caixabank cesará a cerca de 2.100 empleados, Naturgy ajustará su plantilla en 2.500 personas, Dia despedirá a 1.600 trabajadores, Vodafone a 1.000 más, Ford, Nissan, Alcoa… La lista es larga y más elevado aún el número de afectados, muchos con edades avanzadas y probablemente no volverán a reengancharse ya. Comenzarán un periodo transitorio hasta que puedan acceder a la jubilación a los 63 años, algunos -los menos- como ‘prejubilados de oro’, puesto que las grandes compañías ofrecen condiciones muy favorables para el retiro. Otros, la inmensa mayoría, se va con despidos objetivos y van enlazando el paro con el subsidio para mayores hasta llegar a la jubilación.

Esto choca con uno de los principales retos que tiene por delante el Gobierno para contribuir a la sostenibilidad del sistema de las pensiones: alargar la vida laboral. Así lo defienden también expertos y organismos como el Banco de España y la Autoridad Fiscal Independiente (Airef). A principios de año el Ministerio de Trabajo avanzó su propósito de retrasar un año la edad efectiva de retiro, aunque no habló de modificar la edad legal -fijada en 2019 en 65,8 años (65 en el caso de los que tengan al menos 36,6 años cotizados)- y aboga por introducir incentivos para que las personas permanezcan en el mercado de trabajo, a la vez que penalizaciones para los que salgan antes de tiempo.

Sin embargo, la edad media a la que realmente se jubilan los españoles está en la actualidad en poco más de 64 años, es decir, año y medio por debajo de lo que marca la ley y lejos de los 67 años en que quedará establecida a partir de 2027.

Es más, en la última década cerca de millón y medio de trabajadores accedieron a la jubilación con menos de 65 años, según datos del Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social. Concretamente, 1.348.044 entre 2008 y 2018, a los que se suman 76.800 en los primeros seis meses de 2019. Precisamente el año pasado se alcanzó la cifra más elevada de la historia: alrededor de 142.000 personas pasaron a ser pensionistas del Estado sin haber cumplido la edad legal, lo que supone casi un 32% más que las registradas en 2008, al inicio a de la crisis.

Y eso que el pasado ejercicio no se dio el temido ‘efecto pánico’ por la entrada en vigor en enero de 2019 del factor de sostenibilidad, que suponía un recorte de unos 75 euros al año para los nuevos jubilados. Al retrasarse su puesta en marcha hasta 2023 -con probabilidad de que no llegue a ver la luz tal y como está concebido, puesto que el PSOE contempla su derogación-, no se dio esa avalancha de jubilaciones que se preveía para evitar una merma en la pensión.

Aún así, más de cuatro de cada diez nuevos jubilados lo son antes de tiempo, algo que no les sale gratis puesto que conlleva sus penalizaciones, mayores incluso que si hubiera entrado en juego el factor de sostenibilidad. Solo se salvan de estos recortes la jubilación parcial (por el contrato relevo) o profesiones como bomberos, mineros, pilotos, ertzainas e incluso desde este año los policías locales, entre otros, que pueden dejar de trabajar como pronto a los 59 años. A este respecto, otro propósito del Gobierno es que todos los colectivos que tienen derecho a anticipar su retiro por razón de grupo o actividad paguen más por ello, a semejanza de lo que ha ocurrido con agentes municipales y ertzainas.