Anticorrupción investiga si el hermano de Ayuso se lucró con una empresa pantalla

La Fiscalía Anticorrupción abrió este martes una investigación para determinar la existencia de delito en la adjudicación de un contrato sanitario por parte de la Comunidad de Madrid a una sociedad administrada por un conocido de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Daniel Alcázar, con el que el hermano de la presidenta se lucró tras ofrecerle sus servicios comerciales durante la primera fase de la pandemia.

El departamento dirigido por el fiscal jefe Alejandro Luzón, responsable de firmar el decreto de apertura de estas diligencias tras las denuncias de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, quiere conocer si hay indicios suficientes para presentar una querella en el juzgado o, por el contrario, si procede al archivo de las pesquisas por ausencia de fuentes de prueba.

Anticorrupción, que tiene hasta seis meses prorrogables para decidir si judicializa este caso, tutela la investigación tras considerar que hasta ahora no existen "indicios verosímiles" contra Isabel Díaz Ayuso como para trasladar la competencia a la Fiscalía del Tribunal Supremo, el órgano ante la que está aforada, según el estatuto de autonomía de la región madrileña.

Estas diligencias se centrarán inicialmente en las cuentas y movimientos de Tomás Díaz Ayuso, de la sociedad Priviet Sportive S. L., que fue la que ganó el concurso de las mascarillas por un valor de 1,5 millones de euros a pesar de su falta de su experiencia en el sector sanitario, y de su administrador Daniel Alcanzar, amigo del pueblo de la familia Díaz Ayuso: la localidad abulense de Sotillo de la Adrada.

En Anticorrupción tienen claro que de haber indicios para investigar un supuesto 'caso mascarillas' -se trajeron 250.000 tapabocas-, algo que todavía tienen que analizar detenidamente, la investigación "forzosamente" tendría que pasar por recabar en primer lugar las cuatro facturas que el hermano de Ayuso giró en 2020 a Priviet Sportive.

La presidenta madrileña solo ha desvelado que su familiar emitió el 30 de junio de 2020 una factura de 55.850 euros más IVA a la citada mercantil por las gestiones comerciales realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid. Sobre las otras tres facturas guardó silencio porque, explicó, no tienen relación con la administración pública que ella preside.

En Fiscalía consideran que las pesquisas deberían centrarse en conocer cuáles fueron "exactamente" las "contrasprestaciones" por las que Tomás Díaz Ayuso recibió ese dinero de esa primera factura. También aclarar cómo accedió la mercantil a este contrato sin tener experiencia previa en el sector sanitario y si, en realidad, se utilizó Priviet Sportive como sociedad pantalla para que las partes se pudieran lucrarse con la operación aprovechando la urgencia del momento. Harina de otro costal, explican fuentes fiscales, es que llegado el caso el hermano de la jefa del Ejecutivo madrileño, curtido en los mercados internacionales de material sanitario y de suministros de iluminación, pueda aclarar que efectivamente se 'rebajó' a trabajar para una empresa textil sin relación con su especialidad y que no recibió ese dinero -que Pablo Casado cifró en 286.000 euros- como pago por su mediación en la adjudicación.

De hecho, en una nota informativa, la Fiscalía insistió en que las denuncias de los grupos políticos "se limitan a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan".

Y sobre la participación de la presidenta, añade, los denunciantes se limitan a "proponer distintas hipótesis sobre su eventual vinculación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios". "Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que (...) no constituyen indicios razonablemente verosímiles de delito", zanja por el momento Luzón.

Isabel Díaz Ayuso aclaró el viernes en un comunicado los detalles del único contrato que le vincula por partir de la Comunidad de Madrid y sacó pecho porque el precio de cada mascarilla, cinco euros, fue inferior a la media de otros contratos. Posteriormente, sus consejeros detallaron que la adjudicación partió de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y que pasó todos los filtros, tanto internos como externos de la administración, sin que nadie observase irregularidades. Este martes, tras conocerse la apertura de diligencias, el entorno de la presidenta recordaba que antes que esta denuncia se registraron otras 17 que fueron archivadas o inadmitidas, y que esta seguirá el mismo camino.