Diario de León

Archivada la querella contra los jueces que liberaron al Negro

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OTR/PRESS - MADRID.
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La Sala Penal del Tribunal Supremo archivó ayer la querella por prevaricación contra los tres jueces de la Audiencia Nacional que excarcelaron en diciembre del pasado año al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, alias El Negro, que se fugó aprovechando la situación. Ahora será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el órgano que estudie los recursos presentados por los tres magistrados contra su suspención de funciones. El fiscal y la Asociación de Abogados Demócratas pidieron el procesamiento de Carlos Ollero, Carlos Cezón y Juan José López Ortega, que formaban la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, y que dieron la libertad condicional a El Negro, principal acusado en el juicio por la «Operación Temple», en relación a la incautación de diez toneladas de cocaína. El auto de la Sala Penal del Supremo desestima esta petición y considera correcta la decisión del instructor de la querella, Julián Sánchez Melgar, de rechazar el procesamiento de los tres jueces. El Alto Tribunal entiende que son ajustados a derecho los fundamentos jurídicos para archivar el caso, descartando toda sospecha de «interés espúreo». La Sala admite que la excarcelación de El Negro fue injusta, porque supuso que el riesgo de fuga estaba neutralizado por su situación psiquiátrica y sus impulsos suicidas. Según el auto, fue un error de pronóstico admitido por los jueces, lo que excluye que actuasen de forma intencionada. La fiscalía también denunció la escasa cuantía de la fianza impuesta a El Negro, 5 millones de pesetas, que para la Sala no puede considerarse insuficiente, partiendo de la base de que el peligro de fuga estaba neutralizado. Para el Supremo, la remisión a los conocimientos médicos contenidos en el informe de un facultativo oficial no ofrece ningún reparo jurídico. Tampoco acepta la Sala que la fianza fuese escasa en relación con las altas penas que se solicitaban contra El Negro, de 60 años. El Supremo recuerda que el legislador ha dejado a criterio del tribunal la decisión sobre el peligro de fuga en todos los delitos.

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