El choque entre PSOE y UP por la vivienda lleva al límite el diálogo de los presupuestos

Una a una, Pedro Sánchez ha ido dando en las últimas semanas su visto bueno a algunas de las principales demandas que Unidas Podemos había puesto encima de la mesa para apoyar los Presupuestos. Dijo sí a una subida del Salario Mínimo Interprofesional aplicable ya desde septiembre pese a las reticencias iniciales de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la oposición de los empresarios. Y ha dicho sí a que las grandes empresas paguen un mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades.

Pero la ley de la vivienda complica la negociación. Es un escollo persistente. Podemos ya se negó hace un año a dar su aval a las Cuentas para 2021 y lo hizo a finales de octubre, cuando Sánchez ya había prometido a los presidentes autonómicos que verían la luz, gracias a un acuerdo de última hora rubricado por el propio presidente del Gobierno y Pablo Iglesias en el que los socialistas se comprometían a aprobar «en un máximo de tres meses» una norma que debía permitir a los ayuntamientos declarar zonas de mercado tensionado y establecer «mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios» tanto para alquileres existentes como en nuevos contratos, a partir de un sistema de índices de precios de referencia.

Largos meses de negociación no han permitido materializar, sin embargo, ese pacto. Los socialistas se resisten a una intervención drástica del mercado. Y Podemos avisa de que no se dejará presionar por la «prisa» del PSOE para aprobar los Presupuestos. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, advirtió ayer en un tuit de que el acuerdo en materia de vivienda es «indispensable» y el número dos, Txema Guijarro, argumentó que si los socialistas quieren un acuerdo presupuestario «rápido» deben ser «sensibles».