España resiste la presión de Europa para que acepte la ayuda de Frontex
Las rencillas entre los cuerpos nacionales y supranacionales amenazan la colaboración migratoria
Una de las dos lanchas neumáticas con migrantes localizadas ayer rumbo a Canarias. EJÉRCITO DEL AIRE
El viernes pasado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, clausuró el tercer curso de formación para agentes del Cuerpo Permanente de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). En esta ocasión Bruselas había elegido la Academia de Policía Nacional de Ávila como sede de la preparación de 86 nuevos alumnos, procedentes de 16 países de la Unión. Allí se mostró «decidido» a mantener una «sólida línea de colaboración» con la institución para enfrentarse «con garantías de éxito a las amenazas que son comunes a todos los europeos». Pero lo cierto es que España continúa rehusando sistemáticamente recurrir a este apoyo cuando alguno de los puntos fronterizos sufre una crisis migratoria.
El ejemplo más claro se produjo hace tres meses, entre el 17 y el 18 de mayo, cuando más de 10.000 ciudadanos marroquíes cruzaron a pie y a nado la valla fronteriza de El Tarajal, en Ceuta, ante la aparente pasividad de las fuerzas policiales del país vecino. El Gobierno prefirió echar mano de los recursos propios y Defensa desplegó en la zona a tres regimientos del Ejército de Tierra, mientras que Interior hizo lo mismo con más de 1.100 agentes de la Policía Nacional.
Aunque en ese momento la prioridad era cerrar filas con España frente a la posición marroquí, cosa que así ocurrió, Bruselas presionó al Gobierno para que utilizara efectivos de Frontex con el objetivo de controlar la situación de forma urgente.
El director ejecutivo de la agencia, el francés Fabrice Leggeri, llegó a enviar, en plena crisis ceutí, una misiva a Grande-Marlaska para ofrecer ayuda. «Frontex ha seguido de cerca y ha analizado los acontecimientos en Ceuta», escribió, antes de ofrecer a los guardacostas europeos, «considerando el incremento de la presión migratoria sobre España». Además, describió la situación como «desafiante», utilizando un lenguaje diplomático que escondía un término más grueso.
Pese a todo, el tono utilizado entonces por Leggeri fue más amistoso que la tensa situación que se vivió en febrero, cuando las rencillas entre los distintos cuerpos nacionales y supranacionales llevaron incluso a la UE a amenazar, en febrero, con suspender su actividad en el Estrecho y las islas Canarias, también del dispositivo que colabora con el desarrollo y control de la operación Paso del Estrecho. Aunque finalmente renovó un año más sus operaciones en España. La disputa venía coleando desde noviembre de 2020, cuando un aluvión de llegadas de cayucos a Canarias provocó una crisis humanitaria en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), en cuyas instalaciones se llegaron a agolpar más de 2.500 migrantes. Pero el desenlace fue el mismo que el que ocurriría en Ceuta seis meses después.
En junio, para calmar las aguas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, reconoció que el apoyo de Frontex en estas crisis «está sobre la mesa». También se dirigió a los ceutíes y melillenses para asegurar que la presencia de la Policía Nacional en la zona «garantiza» el control de la frontera en las ciudades autónomas «de manera eficaz» y «salvaguarda» la «integridad territorial» de España.
A esta misma cuestión, Von der Leyen puntualizó que Frontex está «para apoyar» y que «haya una buena gestión» de las fronteras europeas.
«Es una opción cómo ustedes lo usan», zanjó.
LA RUTA ESPAÑOLA
La agencia mantiene en España a 257 oficiales repartidos en dos dispositivos. El mayor de ellos es la operación Indalo, que ya ha cumplido una década y se dedica a controlar los flujos migratorios del Estrecho y del Mar de Alborán en colaboración con agentes españoles. En el archipiélago canario, Frontex cuenta con 41 agentes especializados desplegados en Gran Canaria (21), Tenerife (11) y Fuerteventura (10). El objetivo de Leggeri es ambicioso y espera que, para 2027, el número de agentes se incremente a 10.000 (actualmente lo conforman unos 1.000, contando con los alumnos) y cuenten con capacidad de actuación propia en los países de la Unión Europea.