La Fiscalía urge a la forense que aclare si la enfermedad de Griñán le impide ir a prisión

Los fiscales encargados de la pieza política del ‘caso ERE’, el desvío fraudulento de fondos públicos de la Junta de Andalucía destinados a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009, contestaron este miércoles al tribunal de la Audiencia de Sevilla que juzgó los hechos que no se pueden pronunciar sobre la suspensión de la pena de prisión de Juan Antonio Griñán hasta que la médico forense no determine la gravedad de su estado de salud. En un escrito remitido ayer a la Sala, los fiscales anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández muestran su contrariedad porque, pese a la petición del tribunal a las partes, el último informe de la forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla no concreta en sus conclusiones finales si el tratamiento oncológico para el cáncer de próstata que recibe el expresidente andaluz «es compatible o no con su ingreso en prisión». Ello pese a que el tribunal juzgador, en su auto de 2 de mayo, ya le requirió «a la mayor brevedad» a la forense del caso que se pronunciara sobre este extremo, ya que el documento aportado entonces «se especificaba el plan de actuación consistente, tan solo, en tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores». A la vista de que un mes después no existe un dictamen médico definitivo, los fiscales urgieron a la forense a que les diga si el exdirigente socialista de 76 años «está aquejado por una enfermedad muy grave con padecimientos incurables». Para ello, los fiscales esperan que tras la revisión prevista para el 6 de junio se conozca de forma definitiva la opinión de la especialista. Griñán, expresidente autonómico entre 2009 y 2013, fue condenado en firme a seis años de cárcel por un delito de malversación y 15 más de inhabilitación por prevaricación. El martes, el PP, que ejerce la acusación popular en el ‘caso ERE’, dejó en manos del tribunal la decisión final sobre Griñán «a la luz del informe forense emitido y del anterior informe de los servicios médicos penitenciarios», instándole a decidir «con arreglo a Derecho, con una motivación fundada en que pondere los bienes y derechos en conflicto, esto es, de un lado, la seguridad colectiva y, de otro, el derecho a la integridad física del condenado».

La Fiscalía Anticorrupción, en concreto la delegación de Sevilla, ya mantuvo una postura favorable a no suspender la ejecución de la pena de prisión «por razones de humanidad y equidad» tras la petición del indulto de los familiares de Griñán, en noviembre pasado. Una solicitud al Ministerio de Justicia que vino respaldada por más de 4.000 adhesiones de personas de diversos ámbitos, desde Vicente Del Bosque a Miguel Ríos.