No habrá pactos para que los corruptos eviten los juicios

La futura fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, pasó ayer el examen del Congreso de los Diputados y hoy, lo más probable, el Gobierno formalizará su nombramiento en el Consejo de Ministros antes de tomar posesión. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia, Madrigal, de 58 años, aseguró que dentro de su «lista de prioridades» está la de dar «respuestas más ágiles» a los casos de corrupción y «evitar conformidades entre el fiscal y los acusados que no son asumidas por la sociedad».

Madrigal no se refirió a ningún asunto concreto, pero llamó mucho la atención que en su intervención de 45 minutos, sin leer papel alguno, hiciese un repaso a los temas más candentes del Ministerio Fiscal, que son muchos, y dejara como broche que su criterio jerárquico será impedir estos acuerdos de conformidad, en los que se evita el juicio porque el acusado reconoce la culpabilidad a cambio de una rebaja de la pena y de la devolución de dinero.

Hasta ahora, los delitos relacionados con la corrupción no han estado excluidos de los pactos entre las partes, así terminaron procesos como el caso Pallerols, relacionado con la financiación ilegal de Uniò Democrática de Cataluña , o ‘la pieza de los trajes’ del caso de Francisco Correa-Valencia, en el que el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, o el ex jefe de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, se confesaron culpables de un delito de cohecho impropio y fueron condenados a penas mínimas de multa.

Un pacto de conformidad también se ha venido sugiriendo para el cuñado del rey, Iñaki Urdangarín, aunque no se ha materializado y ahora se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel. Asimismo, muchas de las causas por corrupción tramitadas precisamente en los Juzgados de Baleares han acabado así. Detrás de ellas ha estado en buena medida el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que ha considerado en algún foro judicial que su departamento se ve obligado a buscar acuerdos por las dificultades de los investigadores para «conocer toda la verdad». La razón es la sempiterna falta de medios humanos y materiales.

Es en este contexto en el que tienen sentido los pactos prejudiciales. Aunque no hay datos redondos, en España se llega a acuerdos en aproximadamente el 40% de los procesos penales, una proporción que no se altera en casos de corrupción. El principal problema es que normalmente estos acaban con la reducción de las condenas, de forma que los acusados tampoco entran en prisión. En caso de que no existan antecedentes penales o esos hayan caducado (un máximo de cinco años), las penas menores de dos años quedan en suspenso.

Por todo ello, la próxima fiscal general habló sin matices de «evitar las conformidades» y señaló la necesidad de «incrementar el control de la ejecución de las sentencias condenatorias» para lograr la recuperación del dinero. Y esto solo se hace con más medios, como reclaman los fiscales. «El objetivo es trasladar a la sociedad, a una sociedad desmoralizada, la idea de que delinquir no es rentable», dijo Madrigal. «No va a haber zonas de penumbra en las que se puedan quedar agazapados los que se lucran a costa del interés común», añadió.

Para esta fiscal de sala especializada en menores, la corrupción es como un «colosal atentado» contra la democracia y tachó de «comprensible» la actitud y las críticas de los ciudadanos ante este fenómeno. «Tiene que haber una respuesta penal tajante ineludible, pronta e inmediata», explicó Madrigal, que aseguró que sus esfuerzos estarán encaminados a conseguir procedimientos ágiles, porque «una justicia que llega tarde es menos justicia».