lunes. 08.08.2022

En el Tribunal Supremo no se llaman a engaño. El dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldando las euroórdenes del juez Pablo Llarena contra Carles Puigdemont es sólo una «pequeña victoria» en un proceso que dista mucho de estar cerca de su fin.

En la sede la Plaza de Villa de París ni mucho menos dan por seguro que el expresident catalán vaya a acabar en el banquillo después de casi cinco años de huida, dos detenciones en Alemania e Italia e infinidad de bofetadas judiciales por parte de los tribunales belgas durante los últimos cuatro años.

El primer lugar —explican en el entorno del instructor del ‘procés’— hay que ver qué falla el propio TJUE. Es cierto —recuerdan— que cerca del 70% de las ocasiones el tribunal acoge como suyos los argumentos de su abogado general, pero en ningún caso su dictamen es vinculante, ya que se trata de un simple borrador para adelantar trabajo a la sala.

En el Supremo esperan que el TJUE falle sobre este asunto entre noviembre y diciembre, ya que habitualmente los jueces estudian durante cuatro meses el dictamen previo. Si el tribunal no atendiera los argumentos del abogado general, ahí sí, las esperanzas de conseguir la entrega de Puigdemont se disolverían para siempre.

En el caso de que el TJUE se pronuncie a favor de la entrega como propone el abogado general en realidad lo que supondría sería «volver a la casilla de salida», dicen textualmente en el Supremo. O sea, volver a plantear un nuevo proceso de petición de entrega basado en las euroórdenes que Llarena dictó en su día contra Puigdemont y el resto de huidos, y que nunca se han retirado. En realidad, estas órdenes están «congeladas» desde que la justicia europea aceptó estudiar la «cuestión prejudicial» de la competencia del Supremo para exigir la entrega del exjefe de Gobierno autonómico.

La única ventaja que el Supremo tendría ahora en ese nuevo proceso «desde cero» es que los jueces belgas no podrían, como hasta ahora, alegar sus dudas sobre la supuesta falta de garantías procesales en España dejando entender que se trataba de una persecución política. Y eso siempre que Puigdemont siguiera viviendo en Bélgica. Si cambiara de residencia, el abanico de problemas y trabas se volvería a extender, dependiendo el país en cuestión.

Pero hay otra cuestión paralela que hace casi imposible hacer un pronóstico sobre la suerte judicial de Puigdemont a pesar del dictamen conocido este jueves. El pasado 22 de mayo, en un proceso al margen del de las euroórdenes de Llarena, el TJUE acordó devolver al expresidente de forma cautelar la inmunidad de la que gozaba como eurodiputado hasta marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo atendió el suplicatorio del Supremo y le quitó el aforamiento.

O sea, que queda un proceso pendiente para decidir sobre su inmunidad al margen del procedimiento sobre la licitud de las órdenes de entrega de Llarena en el que la justicia española sólo consiguió ayer «una pequeña victoria en una guerra judicial que todavía puede durar años y cuyo desenlace es incierto», tal y como resumieron magistrados de la sede Villa de París.

Un largo e incierto camino hasta el regreso forzado del expresident
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