lunes 6/12/21

No hay nada que aclarar, no existe ningún error en la sentencia y la inhabilitación es «obligada». Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, zanjó ayer cualquier intento de dilatar la ejecución de la sentencia condenatoria al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que conlleva su pérdida del escaño pese al informe contrario de los letrados del Congreso.

Marchena respondió a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que el cometido del alto tribunal «no es asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme».

El magistrado descartó cualquier confusión en el fallo y señaló que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena «de obligado cumplimiento». Así lo exige, recordó, el artículo 56.1.2 del Código Penal cuando se impone una pena privativa de libertad, «como ha sucedido en el presente caso», pese a la accesoria de la multa. Marchena recuerda que ya se comunicó a la defensa del parlamentario el pasado 14 de octubre que no había lugar a la anulación de la pena de inhabilitación, que no había ningún error y que la pena de prisión —que a la postre conlleva a la pérdida del escaño— «es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada, sin perjuicio de que a efectos de su ejecución se haya acordado su sustitución por una pena de multa».

Marchena a Batet: el diputado de Podemos está inhabilitado