Diario de León

Más de 85.000 millones llegan a empresas y autónomos del ICO

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Empresas y autónomos han recibido hasta el 1 de julio 85.150 millones de euros de financiación, gracias a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que, por un importe de hasta 100.000 millones, aprobó el Gobierno para garantizar la liquidez del tejido productivo.

El Ministerio de Asuntos Económicos ha dado a conocer los datos actualizados después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes una nueva línea de avales del ICO, por hasta 40.000 millones, en este caso para nuevos proyectos de inversión.

Esa primera línea de avales para garantizar la liquidez fue aprobada el pasado 17 de marzo, pocos días después de que se declarara el estado de alarma para frenar la extensión de la pandemia de coronavirus.

Hasta el 1 de julio se han aprobado 663.995 operaciones, con un importe avalado de 64.725 millones de euros, que ha permitido que lleguen a empresas y autónomos 85.150 millones de financiación.

El mayor volumen de operaciones y financiación se concentra en pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, con 648.065 préstamos aprobados (el 97,6 % del total) y un importe avalado de 46.777 millones de euros.

Gracias a ello, han obtenido un total de 58.525 millones de euros de financiación para garantizar liquidez y cubrir necesidades de circulante.

El resto de empresas han recibido 26.493 millones de euros en financiación, con las 12.662 operaciones que les ha avalado el ICO por importe de 17.843 millones de euros.

El acuerdo adoptado ayer para el rescate de empresas sigue la senda europea. Otros estados miembros de la UE ya han acudido al rescate de compañías, especialmente aéreas, como Alemania que ha aprobado un rescate para Lufthansa por importe de 9.000 millones de euros y ha entrado en el accionariado del grupo de aerolíneas germano para evitar que se declarara insolvente.

Ayer mismo hizo lo propio el Estado portugués, que ha pasado a tener el 72,5 % de la compañía aérea TAP, a la que inyectará 1.200 millones.

En el caso del Fondo que se crea en España, el apoyo público del Estado será para empresas consideradas estratégicas y podrán tener esa consideración por impacto social y económico, relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras o las comunicaciones.

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