Miles de funcionarios de Justicia claman por la equiparación salarial

Funcionarios de Justicia de toda España, que los sindicatos convocantes —CCOO, CSIF, STAJ y UGT—, cifran en centenares, se han manifestado este sábado 20 de noviembre en Madrid contra el «bloqueo de Hacienda a la subida salarial» del personal dependiente del Ministerio y han pedido a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que «dé la cara».

La marcha ha discurrido desde la sede del Ministerio de Justicia hasta la de Hacienda entre proclamas que exigían el cumplimiento de los acuerdos y la dimisión de la ministra de Justicia, si no es capaz de imponer a la de Hacienda y al Gobierno el cumplimiento de lo acordado, según las organizaciones sindicales.

Los sindicatos y el Ministerio de Justicia alcanzaron en septiembre un acuerdo que afecta a 15.000 personas, contemplaba una subida de entre 80 y 195 euros del complemento específico del personal dependiente de este departamento, para homologar salarios con las comunidades autónomas.

Desde los cuatro sindicatos critican que el Ministerio de Hacienda conocía la existencia de la negociación con Justicia, ya que se ha desarrollado al amparo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Si bien, señalan que Hacienda y Justicia se niegan a cumplir lo pactado en las mesas de negociación. «Con este incumplimiento, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el Gobierno de España quiebran el principio de buena fe en la negociación establecido en la ley y ponen en peligro el éxito de las reformas pendientes en la Administración de Justicia», avisan desde CSIF. Los sindicatos con representación en la mesa de negociación denuncian «la irresponsabilidad de Pilar Llop, que anda desaparecida de los asuntos de este Departamento y de los problemas de la Justicia, y ocupada de su imagen de ‘gira estelar’ por España, ajena a este conflicto del que ella es la principal responsable». «Cada día que pasa sin que dé la cara, el descrédito de la ministra Llop aumenta y su credibilidad como responsable política disminuye». Asimismo, tachan de «lamentable» el comportamiento del Ministerio de Hacienda y Función Pública «que pretende reescribir el acuerdo, imponerlo con un chantaje inaceptable e intentando escurrir el bulto con excusas de mal pagador para intentar justificar lo injustificable: que son incapaces de asumir sus compromisos».

Por todo ello, han declarado «conflicto colectivo» en el sector tras constatar lo que, a su juicio, es una «flagrante violación de derechos fundamentales: libertad sindical y negociación colectiva»; el «grave incumplimiento de las disposiciones de lo establecido en la ley de presupuestos» y un «desprecio a los empleados públicos de la Justicia y el ataque a su dignidad profesional». Según subrayan, el Gobierno «vulnera» la Ley de PGE para 2021 que «obliga a negociar un acuerdo sobre adecuación salarial y aproximación del complemento específico en estos órganos judiciales y CCAA».