sábado. 13.08.2022
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La sede de UGT. RAMIRO

Casi una veintena de trabajadores pertenecientes a UGT en Castilla y León con puesto de trabajo destinado en la provincia leonesa han sido objeto de un despido que se justifica en razones objetivas, circunstancia que comporta una indemnización mínima de 20 días por año trabajado, según han reconocido las partes en el transcurso de la vista celebrada en el juzgado de lo Social número 2 de León.

La parte demandante lamenta que tratándose de una organización que actúa teóricamente en defensa de los trabajadores, estipule la indemnización mínima para sus empleados en este supuesto, por lo que planteó ante el magistrado la necesidad de revisar este concepto.

Durante la vista, declarada de audiencia pública, se sugirió la posibilidad de que la organización sindical esté utilizando parte de las subvenciones que recibe por parte de la Junta de Castilla y León para mantener su propia estructura, en lugar de dedicarla íntegramente a los fines que han sido objeto de litigio.

El juicio resultó duró en torno a una hora. Solamente se planteó la declaración de una testigo, a propuesta de la parte demandada, que reconoció que la organización sindical ha decidido centralizar en Valladolid su estructura referente a la coordinación de los programas de fomento del empleo, tarea a la que se dedicaba uno de los demandantes leoneses, precisamente el que se personó en sala.

El representante legal de UGT en Castilla y León aseguró que la decisión de rescindir los contratos obedeció «a la fuerte caída de subvenciones, que no dejaba opción a otra salida. Con las cuotas sindicales, no se pueden mantener los sueldos de los empleados, por lo que no hubo más remedio que despedirlos». No supo justificar, sin embargo, por qué pese a la caída en los ingresos por subvenciones, se siguieron realizando contratos para otro personal en otras funciones. La parte demandante preguntó a la testigo si, como se sospechaba, los fondos de las subvenciones se dirigían también al funcionamiento interno de UGT. No encontró una respuesta clara.

El representante legal del trabajador preguntó por qué motivo la lista presentada al juzgado reflejaba tan solo tres coordinadores para los planes de fomento del empleo, cuando en el organigrama interno del sindicato y según la memoria obrante al final del último año, se registraban 22. «Mi tarea es únicamente de carácter administrativo y contable, yo no soy quien tiene que responderle a esa pregunta», manifestó la testigo.

Lo puntualizó el representante legal de UGT: «No hay casos de adscripción de trabajadores al programa sin finalidad concreta. Está justificado documentalmente. Pero sí es cierto que hay personas no adscritas al programa que desempeñan tareas que no desarrollan los técnicos. Eso está justificado. Son personal de apoyo. Está controlada por la administración pública. No están adscritos al 100% pero no es relevante».

Para la Unión General de Trabajadores, la justificación es total: «Las entidades sin ánimo de lucro tienen opción a suspender programas cuando no tienen carácter estable por su carácter finalista. Si hay insuficiencia es causa de despido. De 2 millones de subvenciones se pasó a 1,3 que son 700.000 euros menos. UGT pidió 2,5 millones, dijo.

Tampoco se aportó en sala una explicación medianamente convincente para una salvedad. A todos los coordinadores se les hacía contrato anual, excepto al demandante leonés, al que se le hizo por un periodo de diez meses.

El juicio quedó suspendido provisionalmente por espacio de unos días, con el objeto de que las partes estudien y analicen prueba documental presentada después de un intento inicial fallido para la conciliación de las posturas. Una vez que se adopten las resoluciones correspondientes, el magistrado determinará el sentido de su sentencia final.

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