Agredir a un funcionario de Villahierro elevará la pena hasta tres años a los reos

Sólo los grupos independentistas catalanes y vascos (ERC, Bildu y la CUP) se opusieron. El resto de las formaciones del arco político en el Congreso de los Diputados a favor de la asignación de la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de los centros penitenciarios del país.

Así las cosas, una agresión a un trabajador del Centro Penitenciario Provincial de Villahierro comportará hasta tres años de aumento de la pena que cumplan, dependiendo de la gravedad de los hechos. La condena mínima será de seis meses más.

Además, el texto añade dos nuevos puntos. Por una parte, se reconoce que la Administración deberá resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios por los daños sufridos en acto u ocasión del servicio «sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia graves, en los términos que reglamentariamente se establezcan». Según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), se registra una media de una agresión cada tres días con resultado de alguna lesión.

Por otra, se establece que en los procedimientos penales contra funcionarios penitenciarios «se garantizará su separación del resto de los detenidos, en caso de detención, y en el supuesto de ser ingresados en prisión y en los traslados bajo custodia, se realizarán con separación de otros reclusos con el fin de salvaguardar su integridad física».

Villahierro presenta una plantilla de alrededor de medio millar de funcionarios para atender una población reclusa de cerca de un millar, ahora reducida a unos 800 internos.

Las reivindicaciones no terminan aquí. Fernando Martínez (APFP) señala: «Estamos muy contentos porque después de cinco año, hemos conseguido lo que veníamos reivindicando. Seguiremos reivindicando formación, plantilla, uniformes y dignidad y justicia salarial».

En la misma línea, Félix Alonso (Acaip) sostiene que «es muy importante que el interno no tenga la sensación de impunidad ante un acto violento hacia los trabajadores penitenciarios». Están pendientes de solventar «la falta de seguridad, la cobertura de las plazas vacantes en las cárceles españolas, así como un reconocimiento salarial digno, siguen siendo demandas exigidas por los trabajadores penitenciarios a día de hoy».

Para el sindicato ‘Tu abandono me puede matar’ «a efectos de trabajo será lo mismo, pero ante una agresión los reclusos se lo pensarán porque les comportará un aumento de los años de cárcel, explica Manuel Fernández.

No obstante, hay temor desde los sindicatos a que Instituciones Penitenciarias coarte los derechos de representación de los trabajadores. «Esperemos que no sea una cortina de humo contra la alta media de edad de las plantillas y la escasa formación. Lo que sí está claro es que realizaremos esa misión que tanto necesita la sociedad», indicó Fernández.

El PP acusó al Gobierno de «importarle más los presos de ETA que los funcionarios de prisiones». El debate parlamentario, no obstante, no cercena la ley.